miércoles, 15 de febrero de 2017

Derrotas de las dictaduras en el 2016 señalan su final

25 de diciembre de 2016 - 14:12  - Por Carlos Sánchez Berzaín 
 


Termina el año 2016 y el principal eje de confrontación en las Américas se da entre la democracia y las dictaduras del socialismo del siglo XXI (SSXXI), en un permanente choque entre la libertad y la opresión, entre el estado de derecho y el atropello, entre la justicia y la manipulación, entre la libertad de prensa y la censura, entre la previsibilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y la corrupción más el narcotráfico, entre la transparencia y la mentira. La agenda de democracia del 2016 ha logrado importantes triunfos que marcan continuas derrotas de las dictaduras puestas en evidencia y señalan su inevitable final.

Para la dictadura cubana, el 2016 marca decadencia y retorno a las sombras del “periodo especial” de los noventa. La normalización de relaciones con Estados Unidos, en su punto más alto con la visita del Presidente Obama, pudo ser una gran oportunidad, pero se convirtió en la constatación de un sistema violador de los derechos humanos, de un régimen despreciable. La apertura muestra que Cuba es el feudo de una dirigencia comunista dueña de vidas y haciendas, que ha convertido a sus ciudadanos en vasallos y a su territorio en una cárcel.

La crisis de Venezuela trajo consigo la disminución del volumen de petróleo que beneficiaba a la dictadura castrista, la crisis de corrupción en el Brasil paralizó inversiones a favor en la Isla, el triunfo del “no” en el referéndum sobre la paz con las FARC en Colombia puso en evidencia el doble papel de simulación del castrismo, y finalmente, murió Fidel Castro, dando lugar a un forzado show que contó con el masivo desaire de los jefes de estado del mundo, mostrando el legado de miseria y crimen. La dictadura ha entrado en fase terminal.

Venezuela empezó con la Asamblea en mayoría absoluta de oposición y la dictadura dedicó todo el año a mantenerse en el poder a como dé lugar, en medio de una crisis humanitaria y una hiperinflación que solo controla con la fuerza y la metodología castrista del miedo. El informe Almagro sobre Venezuela en la OEA y la votación para considerar el mismo que permitió la activación de la Carta Democrática Interamericana por primera vez desde su suscripción, son hitos históricos que señalan la debacle del socialismo del siglo XXI y establecen a Nicolás Maduro como dictador.

El 2016, Venezuela y Cuba perdieron la manipulación ostentosa del Petrocaribe y de otros países en el ámbito internacional, al punto de suspenderse a Venezuela del Mercosur y negarle la presidencia de la entidad. El régimen ha quedado reafirmado como gestor del narco estado en que ha convertido al país. Los presos políticos venezolanos son un estigma mundial y si bien es cierto que Maduro ha evitado el referéndum revocatorio y burlado al pueblo, dejando maltrecha a la oposición con un diálogo tramposo, los mediadores son vistos como parcializados y es evidente que el dictador no puede resistir mucho más. Es una dictadura en agonía.

Rafael Correa en Ecuador ha merecido masivas expresiones de repudio, acosado por múltiples casos de corrupción, derrotado en tribunales internacionales por atropellos cometidos, señalado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por violaciones al debido proceso legal, enemigo de sectores populares e indígenas que lo apoyaron en el pasado, verdugo de la prensa libre, ha llevado a su país a una crisis solo sostenida por la dolarización. La aprobación de Correa se ha desplomado hasta resultar imposible su re postulación para las elecciones del 19 de febrero de 2017 a las que concurre con un candidato títere que, eventualmente, será derrotado en la segunda vuelta, o quien de llegar al poder no podrá concluir su mandato. El 2016 ha sido el año que ha marcado la ingobernabilidad y la inviabilidad del proyecto del SSXXI en Ecuador. Se trata de un dictador en retirada con terror a rendir cuentas.

A Evo Morales Bolivia le dijo “no” en el referéndum del 21 de febrero, derrotándolo pese al masivo fraude. Esto impide su permanencia indefinida y aunque manipula para quedarse, lo único que hace es acelerar su salida apresurada del poder. El 2016 ha marcado a Morales con corrupción, narcotráfico, incapacidad, destrozo institucional, enajenación del patrimonio nacional, deuda externa e interna indeterminadas, sometimiento al castrismo y a los negocios con China, persecuciones políticas judicializadas, crisis económica, impunidad y ausencia de estado de derecho. Pese al control de medios y atropellos contra la prensa su impopularidad crece y sus problemas aumentan. Es un dictador en crisis.

Regionalmente, el caso “lava jato” en Brasil, de corrupción transnacional con Odebrecht y otras empresas, ha mostrado el sistema de corruptela montado por Lula da Silva, ha producido la destitución de Dilma Rousseff y presenta a las dictaduras del SSXXI como una organización criminal. La apurada y forzada paz del presidente Santos con las FARC en Colombia solo ha dejado un pueblo colombiano dividido y confrontado, con un tema más conflictivo que en el corto plazo será una derrota para el receptor de un Premio Nobel deslucido y sostenido por la publicidad oficialista. La firmeza de principios del presidente Macri de Argentina, la derrota del SSXXI en Perú, el desmarque del gobierno de Chile, la manipulación grotesca del proceso electoral por Ortega en Nicaragua que lo ha llevado a superar al dictador Somoza, no son datos menores.

El triunfo electoral de Donald Trump y su próxima toma de posesión como Presidente, es motivo de preocupación para los debilitados regímenes orgullosamente auto proclamados anti imperialistas, más cuando es en sus territorios en los que se originan y sostienen las principales amenazas regionales contra los Estados Unidos en materia de narcotráfico, terrorismo y migración forzada. El lector puede agregar muchos más hechos notorios de las derrotas de las dictaduras del SSXXI en el año 2016, que señalan un final muy próximo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
 
 

martes, 14 de febrero de 2017

La falacia final del dictador Evo Morales

18 de diciembre de 2016 - 15:12  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Luego de casi once años, convertido en dictador y derrotado en el referéndum del 21 de febrero pasado, Evo Morales desafía al pueblo boliviano para permanecer indefinidamente en el poder, en lo que históricamente es su falacia final 



Como todos los gobernantes del socialismo del siglo XXI (SSXXI), Evo Morales llegó al poder y lo ejerce en base a propuestas, ofertas, compromisos, promesas, proyectos y políticas, cuya falsedad e impostura están probados por la realidad objetiva. El proyecto castrochavista en América Latina presentó al jefe de los cocaleros de Bolivia como indígena democrático y -derrocamiento del presidente constitucional por medio- lo llevó a la Presidencia de la República de Bolivia para que la destruyera y suplantara con lo que hoy es su estado plurinacional. Luego de casi once años, convertido en dictador y derrotado en el referéndum del 21 de febrero pasado (21F), Evo Morales desafía al pueblo boliviano para permanecer indefinidamente en el poder, en lo que históricamente es su falacia final.

Una falacia es “engaño, fraude o mentira”. Es el “hábito de emplear falsedades en daño ajeno” y eso es precisamente lo que la metodología castrista ha impuesto como regla de acción política en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sus países satélites del SSXXI. Se presentaron como liberadores de sus pueblos y los han sumido en la crisis y en la pobreza, retrasándolos por décadas; se ofrecieron como honestos servidores y han enriquecido como maestros de la corrupción y el latrocinio transnacional organizado; se llenaron la boca de antiimperialismo y sometieron a sus pueblos a la dependencia, el hambre, la miseria y el neo colonialismo; hablaron de desarrollo y convirtieron sus países en narco estados, países de tránsito y consumo de droga; propusieron independencia y han adquirido deudas indeterminadas que hipotecan las próximas generaciones.

En el caso de Bolivia, como parte de las falacias, presentaron como indígena al mestizo boliviano Morales fruto de la Revolución Nacional de 1952; vendieron como campesino al productor cocalero y defensor del narcotráfico; lo disfrazaron de pacifista pretendiendo incluso el premio Nobel de la paz para el más violento caudillo responsable decenas de crímenes como cocalero y de mas de veinte masacres sangrientas en su gobierno; dijeron que era aimara del individuo que no habla ninguna lengua nativa del territorio boliviano y menos el aimara; ofrecieron profundizar la democracia e impusieron su modelo dictatorial, confesando públicamente que “sometidos a la ley a veces casi no se puede hacer nada” y que “le mete no más”.

Evo Morales ofreció cambio y lo produjo pero para mal, pues representa corrupción, crisis, despilfarro de los recursos públicos, incapacidad, desinstitucionalización, dependencia, deuda, amenazas, presos políticos, perseguidos y exiliados políticos, menos libertad, periodistas despedidos, nuevos ricos por corrupción, menos transparencia, control de todos los poderes del estado, ausencia de estado de derecho, violación de los derechos humanos, fraude electoral, control de prensa, enajenación de los recursos y del patrimonio nacionales, sicariato judicial, inseguridad ciudadana, narco estado con incremento del consumo de drogas, dependencia.

Cambió la República de Bolivia y la libertad de los bolivianos por un estado de modelo castrochavista para simular que hay democracia y perpetuarse en el poder. Reemplazaron las instituciones republicanas por el capricho de Evo Morales y su entorno complacientes y corrupto que se disputa el control absoluto de todo lo que pueda darle más poder y mas dinero mal habido.

Entre los resultados se tiene a Bolivia entre los tres países mas corruptos de la región, es el segundo productor de coca y cocaína del mundo, es una amenaza de seguridad y narcotráfico para todos sus vecinos, es parte de las cinco dictaduras del denominado SSXXI, en crisis económica creciente, no hay prensa libre, sin ningún indicio de transparencia, tiene mas de 1.200 exiliados en seis países del mundo, centenas de perseguidos, decenas presos político y crímenes de estado. Evo Morales se jacta de haber roto el record de gobernar por mas de diez años, sin explicar que para llegar a ese término ha cometido un verdadero “concurso delictivo”, desde delitos contra la moral pública, delitos contra la Patria, hasta delitos de lesa humanidad, dividiendo al pueblo boliviano, masacrando a los que resistieron y entregando la soberanía nacional con hechos armados perpetrados por intervención extranjera. El pueblo lo sabe y por eso lo llama “el gobierno de la mentira” y quiere que se vaya pronto.

Luego de haber impuesto su propia constitución y haberla violado para seguir de jefe de estado, el 21F el pueblo le dijo “no mas Evo”, dándole una oportunidad de salida. Pero los dictadores no se van, por eso Morales ensaya ahora otra falacia para habilitarse nuevamente como candidato en la farsa electoral que tiene montada. Se trata de maniobras de apoyos sindicales y de movimientos alentados por la corrupción y el caciquismo, con sus autoridades electorales y judiciales listas para prevaricar, con propaganda nacional e internacional pagada, con costosos relacionistas públicos, lobbies y presiones de todo tipo. Es el aparato de la corrupción funcionando para sostener la “impunidad” como única garantía frente a la rendición de cuentas que reclaman los bolivianos. El terror oficialista es que si Evo deja el poder y se restablece la democracia, el entorno y los nuevos ricos de la “evoburguesía” no tienen escapatoria.

Por eso, aún si la manipulación resulta, Evo Morales no podrá beneficiarse de ella porque ya no existen condiciones sociales, políticas, económicas, ni internacionales. El SSXXI está en su etapa terminal y su dictador cocalero no es la excepción. Para Evo Morales es solo una falsedad más y está acostumbrado a ser exitoso mintiendo, pero para los bolivianos es la falacia final.



lunes, 13 de febrero de 2017

La falta de democracia destruye, somete, empobrece y mata

11 de diciembre de 2016 - 14:12  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Chávez y Maduro han convertido a Venezuela en colonia castrista con denominación de república bolivariana, es ejemplo de destrucción extrema y construcción de un narco estado. 



Si tendríamos que resumir en una palabra el sentido y objeto de la democracia, la más adecuada seria “libertad”. Ese principio, ese valor, esa necesidad inmanente al ser humano que solo tiene por límite la libertad y el derecho de los demás. Por eso los regímenes dictatoriales aprisionan al ser humano, lo someten, lo subordinan, lo despersonalizan, lo manipulan, lo reducen a la miseria, no respetan la vida. La fase final de las dictaduras del socialismo del siglo XXI (SSXXI), en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, es hoy la prueba que la falta de democracia destruye, somete, empobrece y mata.

Para evitar las dictaduras, los elementos esenciales de la democracia representan la substancia en garantía de la libertad por medio del respeto a los derechos humanos, la división e independencia de los órganos del poder público, la vigencia del estado de derecho, las elecciones libres y fundadas en el voto universal y secreto, y la libre organización política y social. La ausencia de estas características produce efectos devastadores que hoy son patentes en las cinco dictaduras del SSXXI. Algunos datos de estos regímenes auto proclamados anti imperialistas -que pueden ser ampliados por las víctimas- lo demuestran:

Luego de casi 58 años de dictadura Cuba es un país destruido, un pueblo sometido, obligado a llorar y rendir homenaje a la muerte de su verdugo. Vemos una población empobrecida y en la miseria con una pequeña elite enriquecida y en control de toda la propiedad y medios de producción; se trata de una oligarquía fundada en la corrupción, al extremo que la revista Forbes estima en mas de 900 millones de dólares la fortuna de Fidel Castro. Es un pueblo sometido, cuya juventud tiene como máxima aspiración salir al mundo libre arriesgando la vida con rigores extremos como embarcarse en una balsa o peregrinar por selvas y territorios hostiles. Se trata de una dictadura que además de matar a su propio pueblo con fusilamientos, asesinatos, torturas, cárcel y exilio, ensangrentó América Latina y otras regiones por décadas, al principio con invasiones, guerrillas, extorsiones, terrorismo y narcotráfico, y luego con lo mismo pero además con dinero venezolano con el que han creado lo que hoy se conoce como SSXXI.

Chávez y Maduro han convertido a Venezuela en colonia castrista con denominación de república bolivariana, es ejemplo de destrucción extrema y construcción de un narco estado. El país petrolero más rico sufre crisis humanitaria donde la gente muere por falta de medicinas y alimentos, y la dictadura extorsiona y trafica con las mismas calamidades y necesidades que ha producido. La dictadura venezolana mata de hambre por carestía alimentaria y medicinal, por crimen organizado, por política de estado, por represión, persecución y exilio. Tiene presos políticos que son rehenes y engaña al mundo con la manipulación de una oposición a la que asfixia, utiliza y extorsiona. Con la dirección castrista digita exgobernantes amigos de la dictadura e incluso al Vaticano para mantenerse en el poder, haciéndolos cómplices y encubridores de sus crímenes.

La República de Bolivia ha sido destruida, liquidada y suplantada con el denominado estado plurinacional cuyo principal objetivo es la división de la nación boliviana en fracciones que puedan ser confrontadas entre sí, aplicando la metodología castrista de control político. El dirigente cocalero Evo Morales ha construido un narco estado centralista y personalista donde él es la ley. El país va en una espiral de crisis económica, mitigada temporalmente por los efectos de la economía de la coca. Morales es responsable de más de 20 masacres sangrientas además de las cometidas antes de tomar el poder incluyendo sus crímenes de octubre de 2003. Con su corrupción de estado, la ausencia absoluta de legalidad e institucionalidad acaba de producir 71 muertos en el siniestro del avión LAMIA, empresa que nunca hubiera podido obtener –en un país con democracia- un permiso de operación y menos un plan de vuelo que condenó a la muerte a tripulantes y pasajeros; el dictador dijo que no sabía nada y luego marcó los chivos expiatorios con los que –sicarios judiciales de por medio- pretende quedar nuevamente en la impunidad.

En Ecuador, Rafael Correa ha destruido la institucionalidad y la economía. Tiene la ley mordaza más rigurosa de todas las dictaduras, ha confiscado, allanado y se ha apropiado indebidamente, persiguiendo, enjuiciando y encarcelando ciudadanos y periodistas. Ejerce la represión mediática, el asesinato de la reputación y la enajenación de recursos nacionales, en especial el petróleo cuya corrupción pretende encubrir persiguiendo a los denunciantes con manipulación judicial. Se sostiene por el sistema dolarizado que ya no puede liquidar, aumentando impuestos, con una deuda que marca el empobrecimiento nacional por décadas. Sus víctimas son opositores, servidores públicos, periodistas, empresarios y exiliados. Navega sobre un mar de corrupción que tiene que ver con daños al estado, obligaciones de indemnizar, denuncias de enriquecimiento y hasta crímenes violentos. Ahora se esfuerza por instituir un títere para que lo encubra y garantice su retorno.

Daniel Ortega en Nicaragua con su disfraz de demócrata como parte de los gobiernos castristas del SSXXI, luego de aprovechar lo más posible los recursos venezolanos, empobrece aceleradamente a los nicaragüenses cuya migración al norte se incrementa en directa relación al crecimiento de la miseria y la inseguridad. Ya viene de matar en su etapa de guerrillero. Ha liquidado la participación política y con el control de prensa somete a un pueblo que lo ve hoy como el dictador más peligroso y corrupto, que ha superado cualquier precedente.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institue for Democracy

carlossanchezberzain.com


 

sábado, 11 de febrero de 2017

El postcastrismo

26 de noviembre de 2016 - 13:11  - Por Carlos Sánchez Berzaín
La revolución cubana está derrotada por la historia hace ya mucho tiempo por su inviabilidad, pero ha debido esperar la muerte física de Fidel Castro para enterrar el castrismo 



La muerte del dictador Fidel Castro marca el punto final de la denominada revolución cubana -un mito- que ha sido en realidad una dictadura cruel, caracterizada por la violación de los derechos humanos, fusilamientos, presos políticos, exilio, crímenes de estado, opresión, intervencionismo, la corrupción, la imposición de lo absurdo, la miseria, la mentira como política de estado y el fracaso. La revolución cubana está derrotada por la historia hace ya mucho tiempo por su inviabilidad, pero ha debido esperar la muerte física de Fidel Castro para enterrar el castrismo. Las dictaduras se extinguen con la desaparición del dictador y esta es la principal consecuencia de la muerte de Fidel Castro. Ha muerto el símbolo del oprobio y empieza la recuperación de la libertad y la democracia del pueblo cubano, ha comenzado el post castrismo.

El castrismo fue una forma de comunismo personalista y totalitario acomodado a la conveniencia de su creador. Se trata de la falsa doctrina del régimen de un solo hombre con la que por casi 58 años se ha oprimido al pueblo cubano, extendiendo la ignominia con la agresión a otros pueblos del mundo, especialmente en América Latina. Se utiliza para la denominación de una tiranía mitificada en la idealización de una quimera que resultó en crímenes de lesa humanidad –narcotráfico incluido-que no pueden quedar en el olvido. La muerte del dictador no puede representar su impunidad en la historia.

Forzado por la vejez y las enfermedades Fidel Castro puso en marcha un simulado proceso de transición que en verdad resultó una “sucesión dictatorial”. El mando formal pasó de Fidel a su hermano Raúl como si de una monarquía absolutista se tratara, pero el poder del dictador siempre estuvo omnipresente y vigente, Raúl gobernó hasta hoy a la sombra de Fidel. Ahora ya no está. La desaparición física de Fidel marca la orfandad absoluta del sucesor y su aparato familiar, el dictador ha dejado huérfano a su protegido y los efectos serán rápidos y devastadores para el régimen. Muerto el dictador, con él muere el castrismo y la dictadura acelera su agonía, es solo cuestión de tiempo.

Fidel Castro muere en medio de la agonía del sistema totalitario que creó a costa de la opresión y el hambre del pueblo cubano. El legado de Fidel está marcado por haber convertido a Cuba en una cárcel, haber dividido al pueblo cubano, generado el exilio mas grande de la región, tener el record de fusilamientos y asesinatos políticos dentro y fuera del territorio cubano, haber intervenido violentamente el mayor número de países, haber promovido y sostenido guerrillas y matanzas, desestabilizado y derrocado gobiernos, traicionado el objeto de la revolución en su país y ser el responsable de la desaparición, el exilio o el asesinato de sus líderes y compatriotas. Castro ha castrado generaciones de cubanos y latinoamericanos sometiéndolos al dogma de su imagen, del partido único y de la despersonalización a cambio de la simple sobrevivencia.

América Latina es aún víctima de la ultima aventura castrista con el denominado socialismo del siglo XXI nacido de la necesidad de apoyo político de Hugo Chávez que a partir de 1999 entregó a Fidel Castro los recursos, la soberanía y la economía de Venezuela, con las que el dictador emprendió un nuevo ataque contra la libertad en la región y pudo lograr en parte –luego de la guerra fría- su fracasado proyecto foquista. La consecuencia son las dictaduras del socialismo del siglo XXI con los gobiernos castristas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos jefes de estado han de ver en la desaparición del dictador la señal de su propio y pronto final político en la repetición que hacen del oprobio dictatorial contra sus nacionales. La herencia, el legado del castrismo es esos países son la repetición de los logros de Fidel Castro en Cuba: los presos políticos, los exiliados, las masacres, el hambre, la crisis, la confrontación y la destrucción de las naciones.

Castrismo es sinónimo de crimen, de delitos, de acciones reprochables, de suplantaciones y de mitos. A costa de la vida, la libertad y la economía de los pueblos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Brasil y otros, Fidel Castro construyó el “mito” del revolucionario antiimperialista, del luchador por la libertad de los pueblos, cuando en realidad solo se trató de un criminal cruel e inescrupuloso dispuesto a todo para mantenerse en el poder (habrá crimen que no cometió??). El castrismo es el marco, el envoltorio y el relato para encubrir esos crímenes, es el sofisma, el argumento falso con apariencia de verdad que Fidel se lleva con él.

El post castrismo es la libertad, la democracia, la restitución de la igualdad, el retorno de las oportunidades, la ruptura de las cadenas de la dictadura que el pueblo cubano ya empieza a ejecutar en la misma Cuba. Ya no hay Fidel, ya no hay mito, ya no hay miedo, no hay dictadura…

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

viernes, 10 de febrero de 2017

Medios, prensa, información, opinión, proselitismo

20 de noviembre de 2016 - 17:11  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Cuando los medios de comunicación utilizando la información y la opinión, se incorporan como parte de campañas proselitistas por justas o importantes que estas parezcan, corren el riesgo de ser derrotados 



La credibilidad y la confianza en los medios de comunicación, y con ellos la de la prensa, no han quedado muy bien como consecuencia de los procesos políticos y resultados del Brexit, el referéndum colombiano sobre la paz y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. No es solamente un tema de encuestas o previsiones, se trata de que muchos de los medios de comunicación y la prensa que se expresa por medio de ellos, pasaron del papel de información y opinión a un rol de proselitismo abierto, encubierto o militante que la gente percibió con claridad. Cuando los medios de comunicación utilizando la información y la opinión, se incorporan como parte de campañas proselitistas por justas o importantes que estas parezcan, corren el riesgo de ser derrotados junto con el candidato, producto o posición que eligieron, con grave daño a su imagen y al papel que les corresponde en democracia.

Hay una importante diferencia entre “medio de comunicación” y “prensa”. Los medios de comunicación los instrumentos y la prensa parte de su contenido. Medios de comunicación “son instrumentos tecnológicos, herramientas de la sociedad utilizados para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual, virtual…”, o sea “todos los soportes en los cuales puede ser transmitida una idea o un mensaje”. El desarrollo tecnológico ha hecho que en el siglo XXI se consideren como medios tradicionales a los medios escritos, la radio y la televisión, por la irrupción del internet con nuevos o medios alternativos a lo virtual, las paginas web, los blogs, las redes sociales integradas por un numero creciente de sistemas y aplicaciones que permiten comunicación masiva en tiempo real. En democracia los medios son en general privados, locales, cadenas y conglomerados que disputan la atención de la gente por el negocio de la propaganda. También existen medios bajo control estatal y su concentración directa o simulada en manos de gobiernos es característica de los gobiernos no democráticos y dictaduras.

La prensa cuya acepción primaria se refiere a la “máquina de comprimir” que se usó –entre otras cosas- para imprimir en papel un texto escrito, es en el ámbito de la comunicación social “el conjunto de las publicaciones periódicas” y el “conjunto de las personas dedicadas al periodismo”. En el sentido que nos ocupa, la prensa se refiere al “conjunto de publicaciones periódicas que tiene como objetivo informar sobre los más diversos temas de actualidad e interés publico y al conjunto de personas que ejercen el periodismo”. Periodismo es “la actividad profesional que en términos generales consiste en la captación y tratamiento de la información en cualquiera de sus formas y variedades”. Dragni citado por Bracho afirma que “la información significa el conjunto de actividades que tienen por fin recoger, elaborar, transmitir y difundir noticias….que la información periodística debe asegurar y posibilitar el conocimiento de hechos, ideas y opiniones”.

Una de las características de la democracia es la libertad de prensa, que es “el conjunto de garantías que tienen los ciudadanos para organizarse en la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del estado, en los que toda persona pueda publicar sus ideas libremente sin censura previa”. La libertad de prensa esta fundada en la libertad de opinión y de expresión consagradas por el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sin libertad de prensa definitivamente no hay democracia.

Es en este contexto tan complejo pero al propio tiempo tan sencillo en que los medios de comunicación y los periodistas pueden escoger el alcance de su trabajo y desempeño en los procesos de elecciones o votación en los que la población debe tomar decisiones en el marco de la democracia. Pueden hacer prensa, información y opinión, pueden incluso tomar una posición y formular recomendaciones o preferencias, o pueden tomar posición política y formar parte de la campaña como un instrumento mas del proselitismo de determinada posición o candidato. Lo que no pueden hacer es simular informar y hacer proselitismo porque en ese papel casi no se diferencian de los medios manipulados por los regímenes dictatoriales donde con el control de prensa esta se convierte en una herramienta más de violación de la libertad.

Cuanto más importante sea el tema sometido a decisión popular son mas posibles los choques de intereses entre el medio de comunicación, sus empresarios, directores, la prensa que los integra, los grupos o líderes en pugna, los clientes o el mercado que los soporta. La ecuación es muy difícil y en general en los casos del Brexit, del referéndum por la paz en Colombia y en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, no han dejado bien parados a la mayoría de los medios y prensa considerados libres. Existe la peligrosa sensación de que en esos tres procesos uno de los derrotados han sido los medios de comunicación y la prensa.

La democracia permite que medios de comunicación y prensa decidan por lo que consideren más conveniente, más correcto e incluso más comercial, pues de eso se trata la libertad. Pero, el equivocado uso de la libertad tiene consecuencias de credibilidad, de imagen e incluso de mercado, en tiempos en que la comunicación virtual en tiempo real -con el denominado periodismo ciudadano- se expande, y las medias verdades o noticias sesgadas tienen vida cada vez mas corta. Se trata de un tema cuya discusión es difícil y recién comienza como parte de las transformaciones de la sociedad actual, en el que uno de los aportes puede ser guiarse preferentemente por la regla de los principios y valores que han hecho de la prensa libre un elemento imprescindible de la libertad y la democracia.

jueves, 9 de febrero de 2017

El presidente Trump y la democracia en América Latina

13 de noviembre de 2016 - 17:11  - Por Carlos Sánchez Berzaín
En situaciones de decisión y toma de posiciones, los estados actúan en función de sus ideales y de sus intereses nacionales. El equilibrio entre los principios y valores que integran los ideales nacionales con el interés es lo deseable.

En la durísima campaña presidencial de los Estados Unidos, los candidatos expusieron en muy pocas ocasiones y muy parcialmente algunos puntos de vista sobre política exterior con América Latina. Mas allá de las discrepancias y confrontaciones entre republicanos y demócratas, con la elección de Donald Trump estamos en un momento político diferente que impone la necesidad de recordar que al nuevo presidente de los Estados Unidos le esperan dos Américas, la democrática y la dictatorial del socialismo del siglo XXI. Mientras la cortina de humo de lo dicho en la campaña electoral es lo que ahora se ve, el tema de fondo es el futuro de la libertad y la democracia en la región.

En situaciones de decisión y toma de posiciones, los estados actúan en función de sus ideales y de sus intereses nacionales. El equilibrio entre los principios y valores que integran los ideales nacionales con el interés es lo deseable. La historia de los Estados Unidos demuestra que este país ha guidado su política exterior en base a un “interés nacional pragmático y realista”, fundado en “la promoción de la libertad, la defensa de la democracia y de las instituciones republicanas”, a la que agregó la promoción de los derechos humanos.

El socialismo del siglo XXI, que empezó como movimiento bolivariano y proyecto Alba, luego de la muerte de Hugo Chávez, está claramente liderado por la dictadura cubana e integrado por los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Es un conjunto de regímenes caracterizados por ignorar y avasallar premeditada y deliberadamente el orden constitucional preexistente, al que han suplantado en su beneficio; destrozar y hacer inexistente el “estado de derecho, eliminar la división e independencia de las ramas del poder público, violar los derechos humanos de sus ciudadanos mediante la judicialización de la represión, con presos y exiliados políticos; extinguir la libertad de prensa y de expresión, manipular las elecciones haciendo desaparecer su carácter libre y transparente para convertirlas en instrumento de perpetuación indefinida en el gobierno, impedir la libre organización política y la posibilidad de que la oposición llegue al poder.

Las dictaduras del socialismo del siglo XXI son regímenes que no cumplen ninguno de los elementos esenciales de la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, pero sin embargo se presentan y son tolerados como si se tratara de gobiernos iguales a los de la América con democracia, respecto a los que son una amenaza de desestabilización permanente. El poder del dilapidado petróleo venezolano les ha permitido controlar la OEA, formar un bloque de presión en la ONU, paralizar la integración regional y extender una red de corrupción que se empieza a develar a partir de los escándalos de los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil (sólo la punta del ovillo que enreda a todos los gobiernos no democráticos incluyendo la Argentina de los Kirchner).

En el escenario marcado Chávez y Castro, en lo que va del siglo XXI, los Estados Unidos tienen lo suyo de parte de estos regímenes auto declarados antiimperialistas: Venezuela, Ecuador y Bolivia han expulsado a los embajadores americanos que han sido repuestos en los dos primeros países; Ecuador ha echado de Manta las bases militares estadounidenses y ha retirado de su país la cooperación americana, el dirigente cocalero Evo Morales ha expulsado de Bolivia a la DEA, a USAID y el mismo controla los cultivos ilegales de coca incrementado en más de 10 veces la producción de droga, todos los dictadores del socialismo del siglo XXI sin excepción han sido extraordinariamente explícitos en acusaciones e insultos al presidente y al gobierno de los Estados Unidos, al punto que en la Asamblea General de la ONU de este año, Evo Morales acusó de genocidio al presidente Barack Obama y pidió enjuiciarlo por delitos de lesa humanidad; todos estos gobiernos han contribuido al crecimiento de la actividad del narcotráfico con destino a los Estados Unidos, Venezuela y Bolivia son consideradas narco estados, todos han abierto sus territorios a relaciones con Irán y se han proclamado abiertamente anti israelitas, todos se han sobre endeudado con China permitiéndole una extraordinaria presencia en la región.

La amenazas contra los Estados Unidos –entre otras- son el narcotráfico, el terrorismo, la migración descontrolada. Todas ellas tienen punto de origen o de apoyo en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que lideradas por la dictadura castrista han señalado reiteradamente como su enemigo a los Estados Unidos. La enemistad es obvia por el contraste evidente entre los principios de libertad, derechos humanos, democracia e institucionalidad en que se sustenta y que promueve Estados Unidos, frente a la opresión, la violación de los derechos humanos como política de estado, la destrucción de la democracia y de las instituciones republicanas para perpetuarse en el poder que ejecutan las cinco dictaduras de América Latina.

Éste es el problema fundamental que amenaza los intereses y la seguridad nacional de los Estados Unidos y ha sido apenas mencionado en la campaña electoral. No se trata de intervención estadounidense en los problemas de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, es un asunto de defensa de valores universales. El presidente electo de los Estados Unidos debe saber que entre sus desafíos está el de la democracia en América Latina, cuya defensa coincide con los ideales e intereses fundamentales de su nación.
 

miércoles, 8 de febrero de 2017

La persecución política es un problema de toda la sociedad

06 de noviembre de 2016 - 20:11  - Por Carlos Sánchez Berzaín
"En democracia no puede existir persecución política, pero en los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI se trata de una práctica fundamental en el ejercicio y para la permanencia indefinida en el Gobierno" 





En democracia no puede existir persecución política, pero en los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI se trata de una práctica fundamental en el ejercicio y para la permanencia indefinida en el gobierno. La ausencia de “división e independencia de los órganos del poder público” y la eliminación del “Estado de derecho”, son el marco para la sistemática violación de los derechos humanos de ciudadanos cuya condena está previamente señalada. La persecución política destroza la organización democrática para reemplazarla por el miedo como mecanismo de control social y no afecta solamente al perseguido, es un problema de toda la sociedad.

La persecución en los regímenes no democráticos tiene la acepción de presionar, “molestar, conseguir que alguien sufra o padezca procurando hacerle el mayor daño posible”, pues se trata de causar molestia de manera continua, acosándolo. La persecución política está constituida por un “conjunto de acciones represivas o maltratos persistentes, realizadas por un gobierno sobre un individuo o grupo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características políticas o de otro tipo”. La viuda del asesinado líder cubano Osvaldo Payá, enseña que “la persecución política es la consecuencia directa de la discriminación política que sufren todas las personas que tiene el valor disentir del poder político establecido por la fuerza bruta, la trampa o por ambos…”

La historia demuestra que la sociedad y los ciudadanos no toman en serio la persecución política hasta que les toca, esto es hasta que son perseguidos, hasta que la violación sistemática y premeditada de los derechos humanos los afecta. La persecución de los judíos por el nazismo fue soslayada e incluso deliberadamente ignorada por los mismos miembros de la comunidad afectada hasta que fue demasiado tarde. Las dictaduras demuestran que la persecución política solo se evita con la vigencia de los elementos esenciales de la democracia: la división e independencia de poderes, el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con un sistema de frenos, contrapesos y balances al poder, con jueces imparciales, con alternancia en el poder, con obligación de rendición de cuentas, con prensa libre, con la vigencia de la Constitución y la ley preexistentes por encima de la voluntad del gobernante.

La persecución implacable y sangrienta del castrismo es el medio de control de una sociedad reducida a la miseria que se ha convertido en producto de exportación trasladado a los gobiernos no democráticos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua donde la persecución política se ha refinado asumiendo la simulación democrática de la acusación judicial por supuestos crímenes. Esta situación recurrentemente denunciada por las víctimas en los países afectados se denomina hoy “la criminalización de la política”, la “judicialización de la represión”, el “sicariato judicial”. Existe, está en plena ejecución y sirve para achacar a las víctimas los delitos que cometen los convertidos en acusadores. En muchas ocasiones han sido precedidos o acompañados de declaraciones públicas en cadenas nacionales realizadas por Chávez, Maduro, Correa, Morales y Ortega. La naturaleza política de la persecución está señalada por el propio régimen.

Las víctimas de persecución política en la dictaduras del socialismo del siglo XXI son presos políticos, exiliados o permanecen acosados, bajo la presión de juicios en los que se viola el derecho a la defensa, la irretroactividad de la ley, el principio de juez imparcial, la presunción de inocencia, la valoración de la prueba, la propiedad privada, el derecho al trabajo y en general todos los derechos humanos que hacen al debido proceso de ley. La persecución política está acompañada del “asesinato de la reputación”, esto es, el destrozo premeditado de la imagen pública del perseguido mediante propaganda, infamias y señalamientos atroces que repetidos por el jefe de gobierno y los múltiples voceros oficialistas, con el control de medios, hacen que el perseguido antes de poder defenderse ya esté condenado y obviamente con sus opciones de defensa reducidas al mínimo, cuando no liquidadas.

Algunos casos notables muestran en Venezuela a Leopoldo López como la víctima mas importante; hay decenas más de presos políticos, miles de exiliados y procesados con los que el dictador Maduro negocia hoy su ilegal permanencia en el poder. En Ecuador, el vicealcalde de Quito sentenciado por –dizque– desacreditar la honra del presidente Correa; Francisco Endara condenado a prisión por aplaudir y forzado al exilio; Sebastián Ceballos a prisión por un tuit; el periodista Palacio exiliado por acción directa de Correa; el Gobierno señalado por la ONU como responsable de la violación del debido proceso de los empresarios Isaías, forzados al exilio. En Bolivia, el presidente Sánchez de Lozada y su Gobierno siguen perseguidos y acusados de los crímenes cometidos por Evo Morales y sus cómplices para derrocarlos, y Morales se ampara en una amnistía que es la confesión de sus delitos; más de 1.200 perseguidos forzados al exilio; decenas de presos políticos que incluyen al Alto Mando Militar de 2003, al Gobernador de Pando y al Gral Gary Prado, que apresó al Che Guevara; más perseguidos para buscar transacción o sumisión para el continuismo indefinido de Morales, desconociendo el NO del referéndum 21F, con acusaciones retroactivas contra Doria Medina, ya enjuiciado, cautelado y denunciando persecución. En Nicaragua, los medios de comunicación silenciados como ha denunciado Freedom House; el Tte Yaader Nicolás encarcelado por comentar la represión contra campesinos; los equipos de Radio Oyanka decomisados y su licencia cancelada; Ortega y su cónyuge simulando elecciones luego de eliminar la oposición….

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
 

martes, 7 de febrero de 2017

Mando militar venezolano, prueba de dictadura y crisis terminal

30 de octubre de 2016 - 15:10  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Lo que han hecho el general Vladimir Padrino López como Ministro de la Defensa y los militares que lo acompañaron en la declaración pública del 25 de octubre de 2016 -en uniforme de campaña- es demostrar su militancia política, su alineación y subordinación al proyecto político iniciado por Hugo Chávez y ahora a cargo de Nicolás Maduro 



La declaración pública del Ministro de la Defensa y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela ratificando su lealtad a Nicolás Maduro y al proyecto político iniciado por Hugo Chávez, produce un efecto contrario al buscado por sus planificadores y autores, ya que lejos de fortalecer al Gobierno es la prueba total de la dictadura venezolana, de la militarización de la política y de problemas militares internos. Tratando de ayudar o no, los militares venezolanos han dado la prueba de dictadura y señal de crisis terminal del régimen.

De acuerdo al Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico”. Las fuerzas armadas no deliberan. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional dictada por Hugo Chávez, establece en su Artículo 6 que el “presidente de la República tiene el grado militar de Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejerce el mando supremo de ésta dirige el desarrollo general de las operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones designando a sus respectivos comandantes y fijándoles la jurisdicción territorial”.

El Artículo 11 de la misma ley señala que “el Ministerio del Poder Popular para la Defensa es el máximo órgano administrativo en materia de defensa militar de la Nación, encargado de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector Defensa”.

Lo que han hecho el general Vladimir Padrino López como Ministro de la Defensa y los militares que lo acompañaron en la declaración pública del 25 de octubre de 2016 -en uniforme de campaña- es demostrar su militancia política, su alineación y subordinación al proyecto político iniciado por Hugo Chávez y ahora a cargo de Nicolás Maduro. Le han dado broche de oro de confesión pública al terminar su intervención con el grito castrista “hasta la victoria siempre” y la exclamación “Chávez vive”. Simplemente han ratificado la naturaleza dictatorial del Gobierno de que esos militares de la foto forman parte, han reafirmado públicamente que violan la Constitución, y la ausencia de institucionalidad. Le han dicho al mundo que las fuerzas armadas de Venezuela, con ese mando, están al servicio de un Gobierno no democrático y no al servicio de la Nación.

Se trata de una declaración de subalternos dando “incondicional lealtad” al comandante en Jefe, al presidente, expresando apoyo político y pronunciándose en contra del “acuerdo para restituir el orden constitucional” de la Asamblea Nacional, haciendo un “llamado a la seriedad” con visos de amenaza. Cuando un presidente o comandante en jefe –el competente para dar las órdenes como establece el sistema jurídico constitucional- necesita apoyo, respaldo o ratificación de lealtad de sus subalternos a los que ha nombrado y a los que puede destituir en cualquier momento, la relación de mando queda invertida porque el jefe pasa a depender de los inferiores y esto convierte a la organización militar en sindicato, partido político o mafia, muy lejos de la fuerza institucional establecida por la Constitución. Esta es una característica histórica de las dictaduras militares.

Un jefe de gobierno que necesita respaldo de sus subalternos y que acepta la ruptura de la línea de mando institucional con el agrado demostrado por Nicolás Maduro, acaba de aportar la prueba máxima de su debilidad. Todo esto se produce por la falta de apoyo popular frente a la “crisis humanitaria”, por la decisión del régimen de suprimir el referéndum revocatorio para 2016 demostrando su control sobre los poderes judicial y electoral. Si alguna prueba faltaba de que Maduro perpetró un “golpe de estado” mandando evitar el referéndum revocatorio, la “escena militar setentista del (General) Padrino y sus mandos” ha despejado toda duda: hoy Venezuela está bajo el control de una dictadura militarizada.

Pero lo más grave es lo que no se ha visto. Un mando militar que realiza una presentación de lealtad y reafirmación, es un mando que envía un mensaje al interior de las Fuerzas Armadas porque tiene crisis, con graves problemas internos, con cuestionamientos de oficiales, suboficiales y personal que reclama por el cumplimiento de la Constitución, que pide evitar la confrontación entre venezolanos, que no está dispuesto a combatir contra sus propias familias defendiendo un Gobierno que representa hambre e intervención cubano castrista en las propias Fuerzas Armadas y del país. En la Fuerza Armada Nacional de Venezuela existen hombres y mujeres que no están mas dispuestos a arriesgar sus vidas, sus familias ni su carrera para servir a una cúpula de nuevos ricos y corrupta, que ha traicionado la patria. Son los militares venezolanos de honor que han jurado a la bandera y a la nación y no a los bandidos y al narcoestado. Son los militares cansados de ver la intromisión de la Cuba castrista y el entreguismo; son los que no tienen mando militar cupular pero tienen armas.

Es cuestión de tiempo, porque en las condiciones actuales el pueblo venezolano terminará recordando la presentación de Padrino y su mando militar en uniforme de campaña, como la señal de la derrota final de la dictadura, el momento en que se vio la crisis terminal de un régimen sin mas salida que devolver el poder al pueblo para que lo ejerza en libertad y democracia.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

lunes, 6 de febrero de 2017

Asamblea Nacional de Venezuela debe cesar ramas tiránicas del poder nacional

22 de octubre de 2016 - 10:10  - Por Carlos Sánchez Berzaín
La manipulación abierta y descarada de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral puesta en evidencia desde diciembre de 2015, hacen de estos poderes ramas tiránicas porque "el uso abusivo y cruel del poder que usurpan, un poder injusto en su ejercicio que reprime la oposición y que evita el cumplimiento de la Constitución" 



La situación de Venezuela alcanza niveles de extrema gravedad ante la contumaz actitud de Nicolás Maduro que indiferente a la crisis humanitaria a la que somete a su pueblo, para evitar ser revocado y mantener impunidad, digita todos los órganos del poder público con excepción de la Asamblea Nacional a la que acosa, interfiere e incluso suplanta. Las acciones del gobierno venezolano para mantenerse en el poder son actos no democráticos, constituyen tiranía, y la obligación constitucional de la Asamblea Nacional es ejercer sus competencias para restaurar la democracia cesando a las ramas tiránicas del Poder Nacional.

Maduro que fue el señalado sucesor de Hugo Chávez, empezó como un gobernante autoritario con serios cuestionamientos de legitimidad, se convirtió muy pronto en un dictador emulando a su mentor, y en su desesperación de mantenerse en el poder es ahora un “tirano”, o sea “un individuo que tiene contra derecho el gobierno de un Estado y lo rige sin justicia y a la medida de su voluntad”. La manipulación abierta y descarada de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral puesta en evidencia desde diciembre de 2015, hacen de estos poderes ramas tiránicas porque “el uso abusivo y cruel del poder que usurpan, un poder injusto en su ejercicio que reprime la oposición y que evita el cumplimiento de la Constitución”

Como satélite de la dictadura cubana y aplicando la estrategia castrista para retener el poder a como de lugar, Maduro se ha burlado de los mecanismos constitucionales que la oposición le brindó para una salida institucional, ha despreciado las acciones internacionales, ha ganado tiempo para blindar su régimen y ha justificado con creces el informe Almagro que activó la Carta Democrática Interamericana. Nadie ecuánime en el mundo duda hoy sobre la naturaleza dictatorial del régimen venezolano. La crisis económica es ya una crisis humanitaria que Maduro utiliza para perpetuarse administrando el hambre, la escasez y el miedo como herramientas de poder en el marco de la prebenda populista y la represión castrista.

Desde su derrota en las elecciones legislativas de 2015 y cuando la oposición unida tomó la mayoría del Poder Legislativo, todas las acciones del régimen por medio del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Electoral y del Poder Ciudadano han estado destinadas a desconocer las potestades de la Asamblea Nacional y evitar que el referéndum revocatorio se realice el año 2016. Han demostrado al mundo que en Venezuela no existe división ni independencia de los órganos del poder público , que no existe estado de derecho, que el Poder Judicial es un apéndice del Ejecutivo, que el Poder Electoral es una dependencia del Ejecutivo lo mismo que el Poder Ciudadano; que existen y aumentan los presos y exiliados políticos, que se cometen crímenes de estado, que la corrupción es un elemento esencial del régimen, que se violan sistemáticamente los derechos humanos, que no hay libertad de prensa, y que la pelea de fondo es por impunidad para los integrantes del régimen (nuevos ricos y muchos de ellos señalados autores del narco estado en que han convertido a su país).

Los actos tiránicos inician con el nombramiento de militantes como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) antes de que la ya elegida Asamblea Legislativa tome posesión; son los fallos del TSJ contra la Asamblea Legislativa (33 en 10 meses) y de jueces encargados de la represión política que enjuician, cautelan y persiguen a los opositores y ahora ordenan paralizar la recolección de firmas para el revocatorio; son las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de sus dependencias como el convertir el 20% nacional de firmas necesarias para el revocatorio en estatal, la reducción de tiempos, la disminución de centros electorales, la paralización del proceso por ordenes de juzgados estatales; es la criminalización de la política y la judicialización de la represión, y mas.

Frente a esto –usando la terminología de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- al Poder Público Nacional solo le queda un componente democrático y es el Poder Legislativo Nacional integrado por la “Asamblea Nacional”, a la que de acuerdo al Art. 187 Inc 1 de la Constitución le corresponde “legislar……... sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”, esto es sobre el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El art. 138 de la misma Constitución establece que ”toda autoridad usurpada es ineficaz y su actos son nulos”, pero los usurpadores mandan, persiguen, tiranizan.

Corresponde a la Asamblea Nacional hacer uso de su facultad constitucional de legislar “sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional” disponiendo la cesación de las ramas usurpadoras y tiránicas por hechos que comprometen los “Principios Fundamentales de la República de Venezuela” expresados en el Art. 1 de la Constitución, que proclama la República como “irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. La Asamblea Nacional tiene la obligación de hacer cumplir el Art. 2 de la Constitución que manda “Venezuela se constituye en Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Los partidos y ciudadanos que integran Asamblea Nacional de Venezuela tienen la obligación ineludible, el desafío y la oportunidad histórica de salvar a su pueblo, a sus mandantes, mediante la simple cesación de las ramas tiránicas el Poder Nacional.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.

En 13 años, de la República de Bolivia al narcoestado plurinacional

17 de octubre de 2016 - 09:10  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Octubre de 2003 fue solo el comienzo de la ejecución del plan para acabar con la República y destrozar la Nación Boliviana 



Cuando el 17 de octubre de 2003 las acciones criminales lideradas por el dirigente cocalero Evo Morales y la traición de Carlos Mesa forzaron la renuncia del Presidente Constitucional, Bolivia era una República independiente fundada en la “nación boliviana”, vivía en democracia desde 1982 con alternancia en el poder, con libertad de prensa, con división e independencia de poderes, con cortes electorales imparciales, con estado de derecho, con Fuerzas Armadas institucionalizadas, con políticas de estado en el ámbito económico, educativo, social y de lucha contra el narcotráfico, con instituciones independientes, luchando para salir del subdesarrollo. Trece años después, es una dictadura del socialismo del siglo XXI en crisis y narco estado plurinacional.

República es un “sistema político que se funda en el imperio de la ley, en la igualdad ante la ley como freno al poder, al gobierno y a las mayorías, en el que la máxima autoridad cumple funciones por un tiempo determinado y es elegida por los ciudadanos”. Nación es “una comunidad humana con características históricas, de tradiciones y cultura compartidas, en un mismo territorio y Estado, se trata de una “concepción política entendida como el sujeto en el que reside la soberanía del Estado”. La “nación boliviana” es la identidad política y sociológica que une a todos los habitantes de Bolivia –bolivianos- por el mismo origen territorial, por el mestizaje de mas de 500 años, es una identidad fundada en los vínculos culturales, de lengua, costumbres, religión y la historia comunes. Es el proceso político-social iniciado en 1952 con la Revolución Nacional que incorporó a la ciudadanía a todos los bolivianos reconociéndolos como ciudadanos en democracia con el voto universal, la reforma agraria, la educación gratuita y obligatoria.

Octubre de 2003 fue solo el comienzo de la ejecución del plan para acabar con la República y destrozar la Nación Boliviana. Para eso los conspiradores triunfantes en el gobierno se otorgaron ellos mismos “amnistía” (decretos supremos 27234 y 27237) por los delitos que cometieron en la sedición, conspiración y derrocamiento, excluyéndose de toda investigación y convirtiéndose en acusadores. Luego enjuiciaron y persiguieron al Presidente, ministros y alto mando militar constitucionales, como primer paso para terminar con el sistema político de la democracia. Desde entonces y con diversos pretextos han criminalizando la política y judicializando la represión contra todos los líderes políticos, cívicos, indígenas, periodistas y ciudadanos que consideren oposición real. Hoy existen mas de 1.200 exiliados y decenas de presos políticos bolivianos. En su gobierno Evo Morales es responsable por mas de 20 masacres en las que no tiene “amnistía” como la que lo ampara por octubre de 2003.

La Constitución Política que solo permitía su “reforma parcial”, fue violentada para convocar una Asamblea Constituyente, y cuando ésta se celebró no lograron los votos ni texto que necesitaban para liquidar la República de Bolivia y la Nación Boliviana. Entonces cometieron “usurpación de funciones” y “suplantación constitucional” con la Ley 3941 de 21 de octubre de 2008 por la que redactaron su nueva constitución en comisión secreta y la aprobaron en el Congreso Ordinario arrogándose la facultad de “realizar los ajustes necesarios…por ley especial del Congreso”!! El criminal texto de la ley 3941 es la mejor prueba de la nulidad de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en base a la que el socialismo del siglo XXI institucionalizó la dictadura de Evo Morales.

La constitución del Estado Plurinacional, liquidó la República e impostó 36 naciones para dividir la Nación Boliviana y acabó con las instituciones de la República cambiándoles el nombre para cesar a sus componentes: la Corte Suprema de Justicia fue reemplazada por el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Nacional Electoral por el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional y de esta manera digitaron sus miembros, terminando con la “división e independencia de los órganos del poder publico” y el “estado de derecho”. El terrorismo de estado judicial y el fraude electoral son los frutos. Es el modelo previamente aplicado en Venezuela que ha hecho de Bolivia un satélite de la órbita castrista.

Los mismos conspiradores de octubre de 2003, cosecharon la estabilidad económica y la capitalización social legada por los derrocados, se beneficiaron del boom de las materias primas, aplicaron el desarrollismo populista del modelo chavista, institucionalizaron la corrupción y la impunidad convirtiéndose en nuevos ricos con palos blancos como dueños de empresas y medios de comunicación. Llevaron al país a la crisis económica que la dictadura ya acepta. Hoy Bolivia –entre otros logros de los sediciosos del 2003- importa 140% mas alimentos que hace 10 años, tiene el peor puesto en Sudamérica en el índice hambre, es sub campeón mundial de corrupción según el Foro Económico Mundial, ha colapsado su producción de gas, han otorgado mas beneficios que nunca a las transnacionales petroleras, tiene la deuda externa e interna récord de la historia, no tiene inversión externa, no existe independencia del Banco Central, digita políticamente los indicadores económicos, es “una satrapía del imperio chino”.

Evo Morales el exitoso sedicioso del 2003, líder perpetuo de los cocaleros y jefe del estado plurinacional defiende airadamente en la ONU y donde puede a la coca y al narcotráfico. Sostiene que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo”, ha incrementado mas de quince veces los cultivos de coca ilegal. Todos los países vecinos tienen que defenderse de la creciente amenaza de la droga que se exporta desde el estado plurinacional calificado como “narco estado”………..



domingo, 5 de febrero de 2017

El narcotráfico como eje de confrontación política regional

09 de octubre de 2016 - 12:10  - Por Carlos Sánchez Berzaín
El concepto de narcoestado, un término establecido "como definición para aquel territorio donde el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado", parece haber avanzado con las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Venezuela y Bolivia 



De la mano del expansionismo castrista con dinero venezolano, el siglo XXI en América Latina trajo consigo la división de la región en países democráticos y no democráticos. El denominado socialismo del siglo XXI -con bandera de izquierda y populismo- cambió la estructura política de las Américas e instauró gobiernos de término indefinido, caracterizados por la liquidación del estado de derecho, la desaparición de la división e independencia de los órganos del poder público, la violación de los derechos humanos, la manipulación y el fraude electoral, y la pretensión de un sistema de partido único con simulación de oposición. Ahora que el proyecto neo castrista está en crisis, declina y ve próxima su terminación, se ve con claridad que además de todos los daños a la libertad y la vida de los pueblos, ha introducido al narcotráfico como eje de confrontación en la política regional.

La actividad criminal del narcotráfico ganó notoriedad política con las dictaduras militares del siglo pasado que en algunos países de América Latina se vieron directamente comprometidas. Con el advenimiento de la democracia el problema se hizo patente por el marcado propósito del narcotráfico de intervenir e influir en la actividad política. Se acuñó el término “‘narcoestado’, que es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados en sus potestades legales”.

El concepto de narcoestado, un término establecido “como definición para aquel territorio donde el narcotráfico es un actor político que le disputa el poder al Estado”, parece haber avanzado con las dictaduras del socialismo del siglo XXI en Venezuela y Bolivia, ya que en estos países el narcotráfico en lugar de disputar el poder al Estado, ha tomado control del Estado, ha modificado el Estado y lo maneja. En la década de los ochenta se trataba de que el narcotráfico quería infiltrarse en la política y en las instituciones del Estado, por eso financiaba, sobornaba, extorsionaba y amenazaba. En el siglo XXI se trata de que un grupo de gobiernos no democráticos sostiene, defiende, representa y eventualmente son el narcotráfico.

Nunca en el siglo pasado, ni en gobiernos dictatoriales militares ni en el marco de la guerra fría, se había visto un a jefe de estado en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) defendiendo el narcotráfico como lo hizo en el 71 periodo ordinario de sesiones el líder cocalero y jefe del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales. Unos meses antes el mismo, Morales expresó en la reunión especial de la ONU que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo”. De esta manera, el narcotráfico latinoamericano ha resultado políticamente representado, no solo en el control de países ya calificados como “narcoestados”, sino en el seno mismo de la ONU. Este grupo de poder internacional ha dado al Estado del líder cocalero una representación en el Consejo de Seguridad.

La realidad muestra que con las FARC en Colombia, con el gobierno cocalero de Bolivia, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, el narcotráfico de la coca ha tomado en el siglo XXI nuevas dimensiones de carácter estrictamente político, que sin el ejercicio del poder ilimitado en el modelo dictatorial, no hubieran sido nunca posible. Uno de los efectos devastadores que esta situación ha producido es convertir a los países de América Latina en importante mercado de consumo. Expertos han establecido que la coca del estado plurinacional de Evo Morales tiene como principales mercados a Brasil, Argentina, Chile y como línea de comercialización a Venezuela. En los hechos Evo Morales ha incrementado los cultivos de coca ilegal de sus sindicatos de 3.000 a más de 40.000 hectáreas.

El canciller de Brasil acaba de declarar que “Venezuela es cada vez más exportador de cocaína”, situación reconocida por los gobiernos de América Latina, advertida por los de Europa y por los Estados Unidos, evidenciada con hechos como la detención de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, que ahora son juzgados por narcotráfico en un tribunal de Nueva York; o por el escándalo de que el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez (alias Pollo Carvajal) haya sido objeto de un “rescate de estado” por parte del gobierno venezolano de manos de la DEA, para luego ser convertido en asambleísta como una manera de darle impunidad. El jefe antinarcóticos de Evo Morales está condenado por narcotráfico, por un tribunal federal de Estados Unidos y cumple cárcel en la Florida. Además de las denuncias respecto al cartel de los soles y las implicaciones de altos mandos políticos y militares del gobierno venezolano, y las denuncias de prensa internacional respecto a la conexión de los “narcoestados” con el financiamiento del terrorismo de origen islámico.

El socialismo del siglo XXI ha convertido el narcotráfico de la coca en un motivo de confrontación política regional. No se trata del choque de izquierdas con derechas, es el de gobiernos de “narcoestados” contra gobiernos que tienen que proteger su juventud, su población, su seguridad ciudadana y su economía contra la arremetida de la droga. Cuando los líderes de los “narcoestados” aluden a los consumidores, ya no se refieren como hace 20 años a Estados Unidos y los países del primer mundo solamente, ahora se trata de Brasil, Argentina, Chile, México y los propios pueblos de los “narcoestados”, cuya prevalencia en el consumo de droga registra índices alarmantes. Hoy el narcotráfico es un eje de confrontación política regional entre los “narcoestados” dictatoriales y las democracias.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

sábado, 4 de febrero de 2017

Recuperar la democracia es un proyecto de unidad

02 de octubre de 2016 - 13:10  - Por Carlos Sánchez Berzaín
La actividad política en democracia tiene como característica fundamental la libertad, o sea la "facultad natural del ser humano de obrar de una manera o de otra o de no obrar" teniendo como marco el del estado de derecho, el respeto de la ley 



Carlos Sánchez Berzain*

Los gobernantes de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua son las cinco dictaduras del socialismo del siglo XXI que tienen como principal objetivo permanecer indefinidamente en el poder. Ante esta realidad, la primera e imprescindible tarea de los pueblos es recuperar la democracia, esto es, devolver las condiciones mínimas de libertad, garantías fundamentales, estado de derecho, elecciones limpias y libres, libertad de prensa, desaparición de la persecución política judicializada, libertad de presos políticos, retorno de los exiliados. La tarea de recuperar la democracia de manos de una dictadura es tan grande y dificil, que solo es posible si se encara como un proyecto de unidad.

La actividad política en democracia tiene como característica fundamental la libertad, o sea la “facultad natural del ser humano de obrar de una manera o de otra o de no obrar” teniendo como marco el del estado de derecho, el respeto de la ley. La democracia se ejerce en un sistema de libre organización en agrupaciones o partidos en función de concepciones ideológicas, de propuestas frente a la realidad, de proyectos, de coyunturas e incluso de liderazgos. El disenso y la contraposición características de una sociedad libre dan lugar a la dinámica democrática e incluso a la disputa, que articuladas en el marco de la institucionalidad constituyen el proceso político que configuran el gobierno y la oposición. La oposición en democracia es tal solo si tiene la posibilidad de acceder al poder por los mecanismos institucionales. Un tiempo límite de ejercicio del poder, la alternancia y renovación de los gobernantes son parte vital del sistema.

El informe Almagro que activó la Carta Democrática Interamericana, demuestra que en Venezuela no hay democracia porque en el gobierno de Nicolás Maduro se violan los derechos humanos, existen presos y perseguidos políticos, no existe estado de derecho, no hay división e independencia de los órganos del poder público, hay arbitrariedad no legalidad. El gobierno venezolano ha demostrado que manipula descaradamente el sistema electoral, que digita la justicia, que controla y reprime a la prensa, que defiende la impunidad y encubre la corrupción, que se burla de la miseria a la que la llevado a su pueblo, que desconoce las facultades de la Asamblea Nacional, viola su propia constitución.

Las cinco dictaduras de América Latina han cerrado filas. Tratan de presentar su fracasado modelo, corrupción e ineptitud como un ataque del imperialismo y de la derecha. Saben que están en una crisis terminal, pero han decidido alargar el sufrimiento y la agonía de sus pueblos con el sistema castrista de permanencia en el poder. Las técnicas castristas de amedrentamiento, persecución, violencia, mentiras permanentes, mostrarse como víctimas, institucionalizar el miedo, corromper, espiar, dividir, intrigar, extorsionar, traficar, controlar y distorsionar la información, encarcelar, destrozar la oposición, acusar falsamente, asesinar las reputaciones, hacer fraude y cometer cualquier crinen, están todas en ejecución en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Los dictadores saben que su única amenaza efectiva es la unidad real de la resistencia o de la oposición, por eso su principal objetivo es dividir y fraccionar. En Cuba reprimen cada vez con mayor violencia, impidiendo la organización de oposición y alentando la imagen una disidencia de grupos inconexos entre sí. En Venezuela con intrigas, maniobras y manejo de información ya casi dividen la oposición mostrándola como inoperante porque no logrará el referéndum revocatorio este año y porque agrava la crisis; es la imagen del verdugo culpando a la víctima, pero funciona. En Ecuador, que tendrá elecciones el 19 de febrero próximo, el aliento a la mayor cantidad de candidatos de oposición y el juego de que Correa pese a que puede no será candidato, solo prepara su fraudulenta reelección con 40% de votos superando a su seguidor con por lo menos el 10%. Evo Morales en Bolivia ya ha puesto en campaña a sus sindicatos de coca para desconocer su derrota del 21 de febrero pasado por la que está impedido de simular ninguna reelección mas, mientras criminaliza y persigue judicialmente a los opositores reales. En Nicaragua Ortega y su mujer avanzan rampantes con su fraude electoral sobre una oposición a la que han fraccionado y liquidado.

Por eso hay que insistir: la restitución de la democracia es la lucha que consiste en retirar del poder al dictador para luego terminar con su sistema. La transición solo empieza con ejercicio efectivo del poder. La restauración de la democracia solo sucederá cuando los Castro en Cuba, Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua hayan dejado el poder. Para lograrlo la unidad es imprescindible. No es una unidad ideológica ni siquiera programática, es unidad de objetivo, unidad vital, de sobrevivencia, de emergencia nacional. Si todos los líderes, los partidos, la gente que quiere libertad no se unen para retirar la dictadura, la tarea será imposible. Los dictadores son muy poderosos y peligrosos porque el ejercicio de su poder no tiene regla ni límite. Contra poder tan grande solo puede la unidad con el único objetivo de recuperar la democracia, la libertad.

Con la democracia recuperada, en condiciones de democracia, se abrirá recién el tiempo de la diputa legítima del poder, de los espacios, las candidaturas, las muy legitimas aspiraciones personales, los reales o idealizados roles individuales o de grupo. La estrategia de los dictadores es que estas confrontaciones internas de la oposición se den en el proceso de restitución de la democracia porque de esa manera ellos ganan y ganar es quedarse. Quienes no reconozcan esta realidad corren el riesgo de convertirse en cómplices de la dictadura.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

viernes, 3 de febrero de 2017

Confesiones del narco jefe de Estado Evo Morales

25 de septiembre de 2016 - 20:09  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Para gobernar más de 10 años Morales ha liquidado la República, suplantado la Constitución Política y creado el estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI; tiene presos y exiliados políticos, y ufana impunidad 



El periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) es el escenario donde una vez al año los jefes de estado o sus representantes realizan planteamientos políticos para darles alcance mundial. Sin importar que el estado sea democrático, autoritario, dictadura o teocracia, su representante tiene la oportunidad de decir lo que quiera y la historia refleja la presencia de dictadores, guerrilleros, líderes religiosos, políticos, académicos y desde luego, estadistas. Este año son notorias las afirmaciones con valor de confesión del jefe del estado plurinacional de Bolivia, que ha dejado clara su condición de promotor y defensor del narcotráfico. Evo Morales en la ONU ha consolidado la imagen del narco estado que ha construido y que dirige.

Evo Morales es el líder máximo y vitalicio de los sindicatos cocaleros del trópico desde los 90 y defiende con violencia la coca ilegal que es sustancia prohibida y controlada como materia prima indispensable del narcotráfico. La coca está sujeta a fiscalización y control por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y por la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito…. En su “lucha por la coca ilegal” Morales ha producido decenas de confrontaciones violentas y ha podido soslayar hasta ahora su responsabilidad en asesinatos y hechos criminales como los de los esposos Andrade y otros. Aprovechando la Ley de Participación Popular incursionó en la política y adquirió la sigla del partido Movimiento al Socialismo (MAS), una organización desgajada de la derechista Falange Socialista Boliviana (FSB).

Con el MAS como “instrumento político de los cocaleros”, Morales llegó a diputado nacional cocalero. Apoyado por la dictadura castrista, por el dictador Gadafi de Libia que le daba premios en dinero, los aportes sindicales y con Hugo Chávez, empezó a recibir respaldo y dinero. Conspiró y ejecutó el derrocamiento del Presidente Sánchez de Lozada en 2003 con intervención extranjera y para encubrir sus crímenes se convirtió en acusador de sus víctimas a quienes persigue hasta ahora. Llegó al poder en Bolivia el 2006 y se mantiene como líder de los cocaleros que son su principal fuerza política. Morales se ha presentado como el primer indígena en la presidencia cuando en verdad es el “primer cocalero presidente”. Los cocaleros integran ya el circuito de producción de cocaína, son dueños del poder político en Bolivia y su jefe, Evo Morales es el jefe del estado.

Para gobernar más de 10 años Morales ha liquidado la República, suplantado la Constitución Política y creado el estado plurinacional de Bolivia como parte del socialismo del siglo XXI; tiene presos y exiliados políticos, y ufana impunidad. Ha hecho desaparecer la democracia y lucha abiertamente por la legalización de la coca, buscando quitar a la coca de la lista de sustancias controladas y prohibidas. Cuando Morales tomó el poder Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal que hoy superan las 40.000 hectáreas, lo que produjo el geométrico incremento de droga con la que ha inundado Brasil y Argentina, abriendo ruta directa de narcotráfico con Venezuela y ahí al mundo e incluso vinculados al terrorismo islámico. Morales ha retenido por más de un año en la Embajada de Brasil en la Paz al senador boliviano Roger Pinto (hoy exiliado) por la información que éste le brindó sobre tráfico oficial de drogas entre Bolivia y Venezuela.

En su decidida narco política, Evo Morales como jefe de estado se ha quitado todos los obstáculos y con discurso castrista ha expulsado a la DEA, a USAID, al embajador de los Estados Unidos de Bolivia. Tiene el control total de la lucha antinarcóticos y de la erradicación de la coca. El resultado de que el infractor se encargue del cumplimiento de la ley es bueno para Evo pero malo para Bolivia, pues investigadores y medios de comunicación internacionales califican a la Bolivia gobernada por Evo Morales como “narco Estado”. En abril de este año en la Sesión Especial de la ONU sobre drogas UNGASS, Evo Morales afirmó que “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo”, que usan los Estados Unidos como “medio de control político”, pidiendo además que la DEA sea desmantelada.

Si alguna duda quedaba sobre qué y a quién representa Evo Morales, en su intervención en el 71 Periodo Ordinario de Sesiones de la ONU ha hecho afirmaciones con valor de confesión diciendo: “en investigaciones realizadas ahora, se ha demostrado que la DEA instruía a la policía y militares para planificar asesinato a dirigentes”; acusó a la DEA de “hacer negocio con la droga que incautaba en Bolivia, la mitad del estupefaciente era para incinerar, pero el otro 50% se lo llevaba la DEA”; pidió la creación del “tribunal de los pueblos para juzgar al mandatario estadounidense Barack Obama por delitos de lesa humanidad”; defendiendo la narco dictadura de Venezuela dijo que “si la OEA no representa ni respeta la soberanía de sus estados miembros es mejor que deje de existir”; que ”en Bolivia estamos mejor que antes…sin la DEA y sin las bases militares estadounidenses”.

Si reparamos en que nunca existieron bases militares estadounidenses en Bolivia, que las acciones de la DEA en la lucha contra el narcotráfico llevaron a juicio a los sobrinos de la primera dama de Nicolás Maduro, que el jefe antinarcóticos de Evo Morales cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos, que la economía ilícita produce aproximadamente 3.200 millones de dólares para el estado que Morales gobierna, que el informe Almagro ha puesto en evidencia la dictadura en Venezuela y amenaza la de Bolivia. Entonces podremos entender que Morales ¿se prepara respecto a la prueba que tiene la DEA contra él y su gobierno? En todo caso, no hay duda que en la ONU Evo Morales ha representado sus personales intereses vinculados al narcotráfico y no los del pueblo de Bolivia.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

jueves, 2 de febrero de 2017

Dictadura militar, fase final del Socialismo del Siglo XXI

18 de septiembre de 2016 - 15:09  - Por Carlos Sánchez Berzaín
El régimen castrista de Cuba es la única dictadura militar que sobrevive a la Guerra Fría en las Américas, luego del cambio del paradigma de la seguridad nacional y de la disolución de la Unión Soviética 



La estrategia de los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua de presentarse como democracias ha sido derrotada con la prueba de las suplantaciones constitucionales, la inexistencia de estado de derecho, la violación institucionalizada de derechos humanos y libertades fundamentales, el control de todos los poderes del estado, la judicialización de la represión política, la existencia de presos y exiliados políticos, el fraude electoral y la violación de la libertad de prensa. Conforme se agravan las crisis a las que han llevado a sus pueblos, estas dictaduras que se establecieron a partir de la toma del poder por elecciones, se acercan mas al modelo militar de la dictadura cubana. Como ya sucede con Venezuela, la dictadura militar se ha planteado como la fase final del socialismo del siglo XXI.

La “dictadura es la forma de gobierno en la que se concentra todo el poder en una persona o en una élite”, no hay división de poderes, se ejerce el poder arbitrariamente, no existe estado de derecho, se violan los derechos fundamentales y la oposición no tiene opción de llegar institucionalmente al poder. Una “dictadura militar” es “una forma de gobierno autoritario que tiende al totalitarismo, en la cual en mayor o menor grado los órganos del poder público y sus instituciones son controladas por miembros de las fuerzas armadas que impiden cualquier forma de control democrático”. La dictadura militar está caracterizada por la condición militar de los individuos que ejercen el poder e históricamente por la forma violenta en la toma del gobierno.

El régimen castrista de Cuba es la única dictadura militar que sobrevive a la guerra fría en las Américas, luego del cambio del paradigma de la seguridad nacional y de la disolución de la Unión Soviética. Al comenzar el siglo XXI la dictadura militar castrista parecía destinada a su inminente desaparición, pero el auxilio de Hugo Chávez –el militar golpista que llegó a la Presidencia de Venezuela por elecciones- la salvó de su “periodo especial” y le permitió recrear su proyecto de expansión regional con tanto éxito que luego de la muerte de Chávez, Cuba lidera políticamente la región. Por la acción política de la dictadura militar de Cuba, América Latina ha sufrido -en lo que va del siglo- el deterioro y la amenaza de su sistema democrático que parecía consolidarse a fines del siglo XX. Se ha expandido la dictadura a costa de la democracia.

Por la inspiración marxista y las características estatistas, autoritarias y centralistas, sumadas a la exorbitante corrupción, narcotráfico incluido, el modelo económico castrista ha llevado y lleva a los países de su órbita a crisis económicas, políticas y sociales irreversibles. La crisis ha servido para quitar el disfraz de democracia a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, ha generado condiciones para que los pueblos reaccionen y se empoderen en la lucha por recuperar su libertad y retornar a la democracia. La mas importante de esas crisis se vive hoy en Venezuela donde la naturaleza dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro ha sido probada y certificada por la activación de la Carta Democrática Interamericana en base al informe Almagro.

El pueblo venezolano reclama el derecho a que se convoque en el año 2016 al referéndum revocatorio que ciertamente terminaría con el gobierno de Maduro, pero la posición castrista es la de resistir a toda costa, porque a ellos les ha funcionado. Las dictaduras no toman el poder para dejarlo, su objetivo fundamental es el ejercicio indefinido del gobierno como lo hacen los dictadores Castro en Cuba desde hace mas de 57 años, y es por eso que han puesto en ejecución en Venezuela, la fase superior del socialismo del siglo XXI que es el establecimiento de una dictadura militar, como la de Cuba, que se funda únicamente en el “control efectivo del poder”. Lo que para los dictadores es la fase superior de su sistema de opresión, es simplemente la fase final o terminal de sus abusos.

Venezuela vive hoy el proceso de pasar a esa fase del socialismo del siglo XXI, que consiste en ser convertida en una dictadura militar. Por eso el general Padrino cogobierna con Maduro, o tal vez sobre Maduro; por eso frente al rechazo de cerca del 90% del pueblo venezolano a Maduro, son los militares los que se han hecho cargo de la economía y del control de alimentos y artículos esenciales para la malograda vida de los venezolanos; por eso se alienta en Venezuela la opción de abandonar la Patria con un resultado de que el 60% de los venezolanos quieren irse de su país (casi como los cubanos si estos pudieran ser encuestados); por eso los militares con vinculaciones al narcotráfico permanecen impunemente en sus mandos; por eso además de militares, se permiten grupos para militares que son simplemente mafiosos.

El castrismo quiere, que si hay referéndum revocatorio en Venezuela, éste se haga el 2017 para que el vice presiente de Maduro se quede al mando. Ese sucesor será ciertamente un militar. La dictadura cubana sabe que una dictadura solo se sostiene por la fuerza y que para mantenerla ahora en Venezuela y luego en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, los elementos de reemplazo deben ser miembros de esa fuerza. De esta manera evitan además el peligro de acciones militares de restauración democrática. La diferencia entre que la dictadura militar sea la fase superior o fase final o terminal de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, está por verse.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy.


miércoles, 1 de febrero de 2017

Nulidad e inefectividad de fallos que violan derechos humanos

11 de septiembre de 2016 - 18:09  - Por Carlos Sánchez Berzaín
Este es el apretado resumen del "iter criminis" o camino del delito de los Castro, Chávez y Maduro, Correa, Morales y Ortega; de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que usando "leyes infames" producen "sentencias infames" o fallos que violan los derechos humanos 



Jueces y fiscales designados y al servicio de los gobiernos no democráticos del socialismo del siglo XXI en América Latina son herramientas de represión política y control social que Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua utilizan para presentar como decisiones de justicia el asesinato de la reputación, la apropiación indebida de bienes, la persecución, inhabilitación y prisión de ciudadanos inocentes. Los dependientes y manipulados sistemas de justicia de las cinco dictaduras de la región -además de ser prueba de la ausencia de democracia- constituyen fuente constatable de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus fallos judiciales o “sentencias infames” deben ser señalados como nulos e inefectivos en los países democráticos donde rige el estado de derecho.

La “separación e independencia de los poderes públicos” es el elemento esencial de la democracia establecido en el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que garantiza la existencia de un poder judicial libre del control e incluso de la influencia del poder político. Los jueces tienen potestad jurisdiccional para aplicar la ley y están obligados a dictar fallos de acuerdo a los datos del proceso y en función de las normas de derecho para brindar “justicia”. Las mínimas condiciones de un juez –establecidas en todas las leyes judiciales del mundo civilizado- son “idoneidad, imparcialidad e independencia”. Sócrates enseñó que “cuatro características corresponden al Juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

Se han escrito miles de libros, tratados, constituciones, leyes y decisiones judiciales destacando la importancia de la independencia de la función judicial. Los jueces –además del honor, la libertad, la propiedad y la vida de los ciudadanos- tienen en sus manos el control de constitucionalidad, esto es, la garantía y la decisión de determinar si los actos de los otros poderes u órganos del poder están en el marco de la Constitución, y por lo tanto si son válidos o no. Por eso, en la “separación e independencia de los poderes públicos”, y en última instancia en un poder judicial mínimamente independiente, descansan los otros elementos esenciales de la democracia como “el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas…”. Son principios de civilización universal y también principios universales de derecho, base de la organización política en libertad y democracia.

En la manipulación y disfraz de estos principios radica la genialidad criminal de los socialistas del siglo XXI, que inspirados y guiados por la brutal experiencia dictatorial castrista, articularon sistemas judiciales propios, serviles y utilitarios, como instrumento de represión y control social. Con modificaciones y suplantaciones constitucionales, con destituciones masivas, con discurso antiimperialista, con designaciones demagógicas, con sustitución de leyes y procedimientos, e incluso haciendo nacer nuevos estados, crearon su sistema judicial. Su justicia propia les da apariencia de evitar ser responsables directos de cometer los descarados crímenes de los primeros años del castrismo con fusilamientos, torturas y encarcelamientos, y les permite lograr similares o mejores resultados mostrando a sus víctimas como criminales, acusados y sometidos a procesos o juicios por gravísimos delitos, encarcelarlos, obligarlos al exilio, privarlos de todos sus derechos, apropiarse de sus bienes, asesinarles la reputación y además…presumir que se trata de actos de justicia que corresponden a la justicia y no al gobierno.

La revisión de cualquier expediente de acusados, presos, perseguidos y condenados por los jueces infames del socialismo del siglo XXI, muestra cuanto menos la violación del “debido proceso legal”, la ausencia del “juez imparcial”, la limitación indebida de la “libertad”, el desconocimiento del “derecho de defensa en juicio”, la extinción total de “la igualdad jurídica de las partes”, el desconocimiento de “la irretroactividad de la ley” , en muchos casos el “prejuzgamiento” porque el dictador anuncia la acusación y la sentencia previamente por los medios de comunicación. Son juicios con órdenes, sentencias, fallos judiciales que violan abiertamente los derechos humanos consagrados en los artículos 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es el caso del número indeterminado de presos políticos, de exiliados, de perseguidos, de acusados en Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Es el caso de mujeres y hombres de honor que han cometido el crimen de actuar en política, ser empresarios exitosos, estudiantes rebeldes, periodistas acuciosos, disentir o denunciar los abusos y corrupción de tales gobiernos, o simplemente haber quedado constituidos como elementos de interés para el régimen.

Este es el apretado resumen del “iter criminis” o camino del delito de los Castro, Chávez y Maduro, Correa, Morales y Ortega; de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que usando “leyes infames” producen “sentencias infames” o fallos que violan los derechos humanos. Que con tales fallos, persiguen a sus víctimas por todo el planeta, piden y en algunos casos logran que los gobiernos democráticos los apliquen. El efecto es devastador para las víctimas, pero también para el resto de los ciudadanos que quedan “vacunados” para no meterse en política ni oponerse al dictador. Nadie escucha ni repara en que se trata de fallos que por violar los derechos humanos, aunque se presenten como “cosa juzgada”, son y deben ser declarados nulos de pleno derecho y fundamentalmente “inaplicables en y por las democracias” del mundo.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy