Carlos Sánchez Berzaín: noviembre 2016

martes, 29 de noviembre de 2016

Desafíos de la VII Cumbre de las Américas

MIAMI.- Parecería que el tema central no es la reunión en sí misma, sino quiénes asistirán, entre los presidentes de los estados miembros de la organización, que tiene como fundamentos esenciales la democracia y los derechos humanos, y el jefe de esa dictadura, que ahora se hace llamar “presidente”

MIAMI.- El 10 y 11 de abril de este año se reúne en Panamá la Cumbre de las Américas que por sus objetivos y la situación actual de la región afronta temas inexcusables que tratar. Son los relativos a la libertad, la democracia y los derechos humanos, que se violan como política de Estado en, por lo menos, cinco países, cuyos gobiernos vulneran las libertades fundamentales, la libertad de prensa, tienen presos y exiliados políticos, han hecho desaparecer el Estado de Derecho, la división e independencia de los poderes públicos y manipulan las elecciones como mecanismo de perpetuación indefinida en el poder.

La Cumbre de las Américas, que se desarrolla en el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), es la “reunión de los jefes de estado y de gobierno de los estados miembros del hemisferio para debatir sobre aspectos políticos compartidos, afirmar valores comunes y comprometerse a acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas”.
La de Panamá es la séptima reunión de este tipo, desde su primera edición en Miami en 1994. El centro de atención de esta cumbre fue marcado por la asistencia o ausencia del dictador de Cuba a la misma. Parecería que el tema central no es la reunión en sí misma, sino quiénes asistirán, entre los presidentes de los estados miembros de la organización, que tiene como fundamentos esenciales la democracia y los derechos humanos, y el jefe de esa dictadura, que ahora se hace llamar “presidente”.
Lo que en principio fue motivo de polémica, es hoy ya un hecho cierto a partir del anuncio de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El dictador cubano asistirá a la VII Cumbre de las Américas, para convertirla ahora en la cumbre que reconoce y afirma el liderazgo castrista de la región.
Anotada ya como un éxito más de la política cubana, la presencia de su jefe en la cumbre, por esa misma asistencia, los temas de imprescindible e inevitable consideración son libertad, democracia, derechos humanos, libertad de prensa, Estado de Derecho… Estamos por ver si los jefes de estado democráticos serán capaces de tomar posiciones y acciones positivas, o serán indiferentes; si asumirán complicidad o simplemente incurrirán al pecado de omisión.
Si los temas de libertad, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, no merecen consideración como “afirmación de valores comunes” para “concertar acciones a nivel nacional y regional” porque “es necesario hacer frente a este desafío presente y futuro” (objetivos de las cumbres), tal vez la mejor resolución que la reunión de Panamá podría tomar sería la de anular y renegar de la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima, cuya adopción se decidió en la Cumbre de Quebec de 2001.
La realidad objetiva de las Américas muestra que desde hace años, a partir de la alianza Castro-Chávez, del proyecto que terminó llamándose Socialismo del Siglo XXI, de los miles de millones de dólares del pueblo venezolano despilfarrados en esta aventura, de la expansión política del castrismo y de la ruptura de la democracia, existen caudillos en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua que no cumplen ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que tienen presos y exiliados políticos, que son gobiernos en diversos grados de totalitarismo, que son enemigos de la libertad de prensa y están operados por el castrismo.
¿Dirá algo la Cumbre de la Américas sobre los presos políticos en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador; sobre los perseguidos y exiliados cubanos, ecuatorianos, venezolanos, bolivianos; sobre la utilización de los sistemas de Justicia como instrumento de represión política? ¿Tocará el tema del control absoluto de los sistemas electorales y las reelecciones indefinidas basadas en ese control; la corrupción, los nuevos ricos y la impunidad en los países del Socialismo del Siglo XXI? ¿Dirá algo sobre la existencia o riesgo de existencia de narcoestados?
La Cumbre de Panamá es la oportunidad para que los jefes de estados y gobiernos democráticos de las Américas demuestren que los principios y valores están vigentes. Ya no se trata de la asistencia del dictador cubano, del venezolano y de los otros. El asunto de fondo es para qué se reúnen. Si respetan los principios y valores, lo importante no es quién asista, importa lo que hagan y resuelvan. De lo contrario, sería hora de que proclamen cuáles son los nuevos paradigmas de la coexistencia y las relaciones en las Américas y con el mundo.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

lunes, 28 de noviembre de 2016

Liberar a Leopoldo es la caída de Maduro

MIAMI.- En un sistema democrático, lo que evita la existencia de presos políticos es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prensa libre, un poder judicial fundado en la separación e independencia de los poderes públicos, la prohibición de la permanencia indefinida en el poder, en suma, la vigencia de la ley por encima de la voluntad de cualquier individuo.

MIAMI.- El 18 de febrero se cumple un año de la detención del preso político más importante del socialismo del siglo XXI. Las protestas que comenzaron el 12 de febrero de 2014 en Venezuela, y que aún no concluyen, han podido ser controladas hasta ahora por medio de la represión, manteniendo al gobierno en el poder, pero causándole el mayor daño político que podría sufrir. La estrategia de la dictadura en este asunto la ha llevado a la encrucijada en que la liberación de Leopoldo López es la caída de Nicolás Maduro y su régimen.
Un preso político es una persona privada de su libertad porque sus ideas y/o su acción política representan un peligro para el gobierno. La condición de preso político es en sí misma un acto de arbitrariedad y de violación a los derechos humanos. Sólo existe en los estados no democráticos, o sea en los que la vigencia del estado de derecho ha desaparecido.
En un sistema democrático, lo que evita la existencia de presos políticos es el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prensa libre, un poder judicial fundado en la separación e independencia de los poderes públicos, la prohibición de la permanencia indefinida en el poder, en suma, la vigencia de la ley por encima de la voluntad de cualquier individuo.
En democracia, el oponente político es un “adversario” al que se puede convencer o vencer en el marco de la institucionalidad previamente establecida y por voluntad popular. Para los dictadores, el oponente político es un “enemigo” al que sólo se debe eliminar política y hasta físicamente. Una de las formas de corto plazo para tal eliminación es la privación de libertad y el sometimiento a condiciones que pueden terminar con su prestigio, su viabilidad política e incluso su salud y capacidad física. Por eso, preso político es convertir una opción, un líder, un idealista, en un criminal o en una miseria humana, o es una manera de terminar con él.
En democracia, el eje de confrontación es la toma del poder en función de la decisión popular mediante elecciones justas, limpias, y periódicas. En dictadura, el eje de confrontación se traslada -por la esencia misma del sistema- a la eliminación de cualquier oponente con opciones de tener simpatías populares o de tomar el poder. Este es el delito de Leopoldo López, María Corina Machado y los miembros de su movimiento político en Venezuela, el tremendo crimen de ser una alternativa a la dictadura que enajenó la patria, la sometió a poder extranjero y la transformó en una tierra sin libertad y con crisis.
El preso político está acusado de todo y no es culpable de nada. Se le imputan los crímenes que han cometido el dictador y su régimen. La responsabilidad y autoría de la dictadura en los hechos de violencia son volcadas contra las propias víctimas por un sistema judicial corrupto y sometido al poder totalitario. Se aplica la criminalización de la política, la judicialización de la represión y el asesinato de la reputación de los injustamente acusados.
La condición de preso político supone una condena indefinida y caprichosa de privación de libertad. Se está preso mientas el dictador lo necesite y mientas convenga al mantenimiento del régimen. Si el preso no se doblega, no reniega de sus ideas, mientras no se “quiebre”, o mientras no se lo pueda “canjear” neutralizándolo, sigue preso. Esta es la situación de Leopoldo López, pero para desencanto de la dictadura, este preso político lo sabe, lo dice y no parece tener la menor intención de someterse o de ser canjeado. En un año no lo han quebrado y lo que se quiebra y rompe es la dictadura.
La dictadura venezolana esta atrapada en su propia trampa. Ha hecho del preso político la opción real de recuperación de la democracia en Venezuela, lo ha victimizado y le ha abierto el camino presidencial. La estrategia castrista aplicada en Venezuela ha logrado que hoy, la liberación de López sea la caída de Nicolás Maduro. Si López sigue resistiendo, estaremos viviendo la crónica de un dictador que cae y de un presidente democrático que viene.

*Abogado y Politólogo- Director del Interamerican Institute for Demcoracy

domingo, 27 de noviembre de 2016

La impunidad dictatorial

MIAMI.- Los gobiernos dictatoriales se aseguran impunidad acusando de sus delitos a sus víctimas, haciendo funcionar a sus fiscales y jueces para acusar y sancionar hechos que acomodan a su conveniencia, para hacer desaparecer sus responsabilidades, para institucionalizar actos de encubrimiento

MIAMI.- El temor más grande de los gobernantes que han optado por la concentración total y la permanencia indefinida en el poder, es la posibilidad de tener que responder por sus actos, asumir responsabilidades penales por los crímenes que cometieron en el acceso y ejercicio del poder, la probabilidad de ser juzgados. La esencia de la dictadura es la impunidad de sus líderes, por eso los dictadores procuran gobernar hasta su muerte, instituir un régimen que les garantice la protección de los delitos cometidos o, cuando menos, una transición que los proteja.
Más allá de la forma de acceso al poder, un gobernante se convierte en dictador cuando suplanta el Estado de derecho y pone su voluntad y sus decisiones por encima de la ley; cuando un jefe de Gobierno convierte sus acciones en normas con las que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales y controla todos los poderes públicos. El dictador ejerce el poder para permanecer indefinidamente en el gobierno con ausencia o simulación de los elementos esenciales de la democracia.
Impunidad es básicamente la falta de castigo. Es la imposibilidad de sancionar jurídica e institucionalmente a quien ha cometido delitos. La impunidad es una consecuencia de la ausencia del Estado de derecho y de la falta de “división e independencia de los poderes públicos”. En sentido inverso, es un elemento esencial de las dictaduras. Impunidad es “la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, porque escapan a toda investigación, procesamiento, sanción e, incluso, a la indemnización del daño causado a sus víctimas”.
La impunidad es una garantía a la corrupción y es en sí misma una forma de corrupción. Los gobiernos dictatoriales se aseguran impunidad acusando de sus delitos a sus víctimas, haciendo funcionar a sus fiscales y jueces para acusar y sancionar hechos que acomodan a su conveniencia, para hacer desaparecer sus responsabilidades, para institucionalizar actos de encubrimiento. No hay indicación más contundente de corrupción que el no tener que rendirle cuentas a nadie por los actos de Gobierno, en medio del permanente uso del poder para obtener ventajas ilegítimas.
Para que no exista impunidad es necesario, cuando menos, la libertad para ejercer el derecho de acusar, investigar y probar; es imprescindible la igualdad jurídica de las partes; jueces imparciales con libertad e independencia para poder juzgar; la acción de la prensa libre. Estos aspectos no existen hoy en gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, donde los poderes judiciales han sido convertidos más bien en instrumentos de represión.
En las dictaduras del denominado socialismo del siglo XXI en América Latina existe impunidad de los gobernantes y de sus entornos, que, además, se han convertido en nuevos ricos. La concentración del poder, el estatismo y el centralismo han dado lugar a la concentración del poder económico en manos de los gobernantes dictatoriales de hoy que antes de serlo no tenían nada. Cuando el sistema financiero, de los recursos naturales y cualquier acción, emprendimiento o inversión económica importante dependen del Gobierno en manos de un dictador, el enriquecimiento ilícito de éste y de su entorno es sólo una consecuencia del sistema.
¿Quién puede hoy saber, por ejemplo, las fortunas de los dictadores Castro, de su entorno y de sus familias y la manera cómo están colocadas o lavadas en el mundo libre? ¿Quién puede explicar la riqueza y la dimensión de los recursos de los familiares del dictador Hugo Chávez, de su entorno y sucesores económicos y políticos? ¿Quién puede saber de cuantas empresas, concesiones, propiedades y sociedades son dueños o partícipes Evo Morales, Rafael Correa o Daniel Ortega y sus entornos hoy millonarios? ¿Quién no sabe que el temor de estos dictadores es ser puestos en evidencia y ser juzgados?
Las denuncias y pruebas de violaciones a los derechos humanos, de fusilamientos, masacres, hechos de violencia, corruptela, confiscaciones ilegales, extorsiones, prevaricaciones y todo tipo de delitos que tales dictadores y sus gobiernos han cometido y cometen son miles, públicas y dramáticas. Pero hoy, no existen condiciones para acabar con la impunidad.
En ausencia de democracia no debemos olvidar el tema de la “impunidad”, que no debería estar ausente incluso si se opta por el camino de la “normalización” en relación con este tipo de gobiernos. Consentir implícita o explícitamente la impunidad, podría entenderse como complicidad.

sábado, 26 de noviembre de 2016

Promover la democracia en la región

MIAMI.- La estrategia de la dictadura castrista asociada con Hugo Chávez, utilizando el dinero del pueblo venezolano para construir poder político en la región, ha dejado como resultado la existencia de dos Américas, la democrática y la del socialismo del siglo XXI gobernada por regímenes dictatoriales

MIAMI.- La existencia de por lo menos cinco países en los que ya no hay democracia y su estrategia de tratar de presentar a sus gobiernos dictatoriales bajo el sofisma de “nuevas formas de democracia”, hace imprescindible volver a promover la democracia en América Latina. La promoción de la democracia y su defensa como estrategia son una necesidad y un desafío.
Que los pueblos de las Américas conozcan lo que es la democracia a partir de sus principios, sus elementos esenciales, sus ventajas, fortalezas y debilidades, sus beneficios y las amenazas, constituye sin duda el mecanismo más efectivo para evitar la expansión de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y para recuperar la democracia en países como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que han sustituido el sistema de libertad por el de mando único y total con perpetuidad en el poder.
La estrategia de la dictadura castrista asociada con Hugo Chávez, utilizando el dinero del pueblo venezolano para construir poder político en la región, ha dejado como resultado la existencia de dos Américas, la democrática y la del socialismo del siglo XXI gobernada por regímenes dictatoriales, la mayoría de los cuales se aferra a la denominación de democracia cuando en verdad no les queda nada, ni siquiera las elecciones libres. Han producido la “electoralización dictatorial”.
En los países democráticos de la región la característica fundamental que da el sistema de libertad es la “previsibilidad”, esto es que en base a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho se conoce con un aceptable nivel seguridad lo que el ciudadano puede esperar. La previsibilidad de la democracia es seguridad. La seguridad de saber cuando se elige y cuando cesa una autoridad, la seguridad para ejercer la libertad de expresión, para invertir, para disentir, para demandar, para rendir cuentas, para exigir transparencia, para todo lo que es actividad en una sociedad institucionalizada donde nadie puede estar por encima de la ley.
En los países controlados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI la característica fundamental es la “arbitrariedad”, que se resume el control absoluto y la concentración del poder en manos del jefe, caudillo, líder o dictador. Arbitrariedad es inseguridad. Es “el proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o capricho”. Es depender de la voluntad del régimen para trabajar, prosperar e incluso sobrevivir; es ser perseguido, preso o exiliado por ejercer la libertad de expresión o de opción política; es corrupción, negociados permanentes sin rendición de cuentas alguna, ausencia de transparencia; confiscaciones, tráfico, nuevos ricos; es la sustitución de la ley por normas retroactivas y represivas.
Parece cierto que nadie aprende de experiencia ajena, porque por ejemplo, las democracias de las Américas han sido capaces de contemplar más de 55 años las penurias y la crisis del pueblo cubano para terminar convirtiendo la dictadura en una especie de oráculo; hemos escuchado con frecuencia “esto no llegará porque mi país no es Cuba”; hemos visto la transformación de Venezuela de una democracia receptora de exiliados y protectora de perseguidos en lo que es hoy; hemos visto y veremos como países con grandes recursos naturales y económicos se hunden en crisis y marchan irreversiblemente hacia ella; parece posible sostenerse y morir en la impostura a costa del hambre de los pueblos y la ruina de los países sin democracia.
La realidad impone la necesidad de ocuparnos de la promoción democrática. Lo que debería ser una acción permanente de educación, sostenida por la sociedad y ejecutada por los gobiernos, impulsada por organismos internacionales, es hoy una cuestión ausente y al parecer inconveniente en las Américas. Advertimos que los gobiernos dictatoriales desarrollan una estrategia con mucho dinero e influencia política para distorsionar lo que es la democracia, buscando que con procesos electorales digitados y fraudulentos puedan seguir disfrazando la realidad.
Los daños irreversibles a los pueblos en los países no democráticos de la región son constatables. Sin duda, Cuba y Venezuela en democracia nunca hubieran llegado al estado de crisis que seguirá profundizándose. Allá van Ecuador, Bolivia y Nicaragua, es sólo cuestión de tiempo.

viernes, 25 de noviembre de 2016

CELAC, el instrumento del castrismo

MIAMI.- La estrategia castrista, expuesta por Hugo Chávez al crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como “una unión política para constituir un mayor centro de poder en el siglo XXI excluyendo a los Estados Unidos” y para “suprimir a la Organización de Estados Americanos (OEA)”, está en acción. La CELAC es el instrumento político regional de las dictaduras del socialismo del siglo XXI que controlan Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
La cumbre del 2 y 3 de diciembre de 2011 en la que nació la CELAC se aplazó desde julio de ese año porque Hugo Chávez fue diagnosticado de cáncer. Era imposible la puesta en marcha del “instrumento político regional” inspirado por el castrismo, sin la presencia de Chávez -el operador principal y socio capitalista- que usaba el petróleo venezolano por medio de dádivas, prestamos, ayudas políticas, ventas subsidiadas de petróleo, con la malversación del dinero del pueblo, para construir un soporte regional que necesitaban institucionalizar.
La CELAC proviene de la necesidad del proyecto dictatorial castrista, en expansión desde su alianza con Hugo Chávez, de tener un mecanismo político regional que sustituya a la OEA. No era suficiente poseer la mayoría de votos en la OEA, haber designado y subordinado a su secretario general (Insulza). La institucionalidad de la OEA, sus principios, el respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia, la Carta de Bogotá, la Carta Democrática Interamericana y su extensa tradición, constituían y son antagónicos al proyecto dictatorial bolivariano que terminó llamándose “socialismo del siglo XXI”.
La liquidación del Estado de derecho, la violación de los derechos humanos y de la libertad de prensa, los presos y exiliados políticos, la persecución judicializada, el fraude electoral, la desaparición de la división e independencia de los poderes públicos, la permanencia indefinida en el Gobierno, en suma todas las características de la dictadura castrista desde hace 56 años y que han implantado en los regímenes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, son lo contario a los principios y valores del mundo civilizado recogidas por la OEA.
Por eso la dictadura castrista, incluso controlando la mayoría de votos en la OEA por medio de Chávez, no podía, ni le convenía retornar a la misma. Era mejor crear otro ente, que además sea antiimperialista. Chávez puso la estrategia castrista en evidencia el mismo día de creación de la CELAC expresando que “LA OEA es lo viejo, es un espacio que fue manipulado y dominado por Estados Unidos…, la CELAC es lo nuevo, es para reducir la dependencia…”
Todos los dictadores del socialismo del siglo XXI confesaron lo suyo. Daniel Ortega declaró que “la CELAC es la sentencia de muerte a la interferencia estadounidense en América Latina”. Rafael Correa dijo que “es un paso para logra la autonomía frente a EEUU” y en el 2012 señaló: “Es tiempo que la CELAC remplace a la OEA”, y ahora que se estrena en la presidencia pro tempore de la CELAC defiende a la dictadura de Maduro diciendo “basta de guerra económica contra Venezuela”. Evo Morales acaba de pedir “que todos los presidentes de la CELAC sean anticapitalistas como Fidel y Raúl Castro…”que son ejemplo de gobernantes en la región (!).
Los dictadores del siglo XXI están usando la CELAC para comprometer a la región con China, hacer negocios sin transparencia y tratar de atenuar sus crisis económicas. Correa considera que “la alianza CHINA-CELAC servirá para mejorar el injusto orden mundial” . Sin duda buscan el aliado mas propicio para detentar indefinida y dictatorialmente el poder. Con China no hay ninguna condición de democracia, ni de respeto a los derechos humanos, ni de rendición de cuentas.
En este escenario, en su CELAC, el dictador Raúl Castro miembro de la “troika” de la CELAC, ya igualado como “presidente” junto a sus dictadores y a los presidentes democráticos de la región, ha fijado sus bases de negociación en el denominado proceso de normalización con EEUU. Como en la CELAC, no importa la democracia ni los derechos humanos, ni la libertad de presa, ni la propiedad privada, y tampoco parece importar la verdad. Castro ha presentado su dictadura liderando Lationamérica con un efectivo uso de la CELAC como su instrumento político.

El Gobierno títere de Venezuela

Nicolás Maduro llegó al poder como el elegido de la dictadura castrista y, desde entonces, lo que en principio pudo interpretarse como acciones de solidaridad o de ayuda, han pasado a ser de intervención directa. El gobernante venezolano cumple decisiones de un poder externo, contrarias a los intereses de Venezuela y de su pueblo.

Nicolás Maduro llegó al poder como el elegido de la dictadura castrista y, desde entonces, lo que en principio pudo interpretarse como acciones de solidaridad o de ayuda, han pasado a ser de intervención directa.
El gobernante venezolano cumple decisiones de un poder externo, contrarias a los intereses de Venezuela y de su pueblo. La realidad objetiva muestra que Maduro encabeza un Gobierno impuesto, dirigido y protegido por la dictadura castrista: Venezuela está sometida a un Gobierno títere.

Con la muerte de Hugo Chávez y del truculento proceso montado para que Nicolás Maduro sea su sucesor, se han denunciado y probado hechos muy importantes: que la fecha del deceso de Chávez fue cuando menos manipulada, que Maduro estaba inhabilitado por las propias leyes del régimen chavista para ser el sucesor, que para tal fin violaron su propia institucionalidad, que el poder judicial chavista prevaricó con ese propósito, que hicieron fraude electoral…, todo un verdadero concurso delictivo, desde el poder para prorrogar el régimen dictatorial en Venezuela, como acción imprescindible para el sostenimiento de la dictadura cubana y su influencia en América Latina

Un títere es un “individuo que se deja manejar por otro”, es un muñeco, una marioneta. Un Gobierno títere es aquel que “debe su existencia”, su esencia y sobrevivencia “al apoyo o control de una entidad mas poderosa”, a un poder extranjero. Este tipo de Gobierno “es una imposición” que se produce y sostiene siempre “en contra del sentimiento de la nación sometida”.

El Gobierno títere da lugar al “país satélite” por la evidente dependencia. Un Gobierno títere no puede darse nunca en democracia, porque se trata de un Gobierno de hecho, de fuerza. El Gobierno títere se impone y responde por un poder ajeno a la soberanía nacional, pero queda protegido por el poder externo que lo articula en interno y lo arropa en las relaciones internacionales.

Un país bajo un Gobierno títere no es soberano, no es democrático, no es independiente, no tiene posibilidad de poseer oposición política, está reducido a la dependencia y lo que puede tener es “resistencia”. La oposición política para ser tal debe tener la posibilidad de acceder al Gobierno por los mecanismos democráticos fundados en el Estado de derecho y la alternancia en el poder, situación imposible en el Gobierno títere, que es dictatorial e indefinido.

Ser un Gobierno títere no es sinónimo de debilidad pero sí de imposición e impopularidad, ya que el Estado dominante tiene como tarea esencial mantener su marioneta en el poder por razones estratégicas, económicas y políticas, de interés propio. La fortaleza del títere viene de su mandante y está fundamentalmente destinada a sostenerse en el Gobierno, para lo que implementa políticas y acciones antinacionales y de clara traición a la patria. No puede ser de otra manera, ya que el interés al que responde el Gobierno títere no es el de los ciudadanos de su país, sino el del poder que lo ha impuesto y lo sostiene.

Apliquemos las características precedentes a hechos de la historia reciente de Venezuela: la designación de Maduro como sucesor de Chávez fue hecha en Cuba y por el Gobierno castrista, que estableció incluso el día de la muerte oficial del caudillo. La seguridad interna del régimen venezolano está dirigida, sino operada, por el régimen cubano. El Gobierno de Maduro pese a la crisis económica venezolana no deja -sin pago evidente- de enviar petróleo a Cuba para que ésta lo revenda y se sostenga, pues el interés del interventor está por encima del Estado sometido. La defensa de la dictadura de Maduro está a cargo del castrismo y de su influencia internacional trabajada con dinero y petróleo venezolanos. El modelo de Gobierno -y de crisis- en Venezuela es una copia del cubano y, como ya no cuidan ni siquiera las apariencias, ¡Maduro ha desfilado el primero de Mayo en La Habana!

El pueblo venezolano, sus periodistas, obreros, líderes, estudiantes, empresarios, presos políticos, exiliados, mujeres que claman por la libertad, todos, pueden llenar un libro con los casos que comprueban la naturaleza del Gobierno títere que los oprime. Pero además, tal vez sea tiempo de que en Ecuador, Bolivia y Nicaragua lo piensen, porque se trata del modelo dictatorial del socialismo del siglo XXI de propiedad castrista que también rige en esos países.

http://www.diariolasamericas.com/el-gobierno-titere-venezuela-n3086553

jueves, 24 de noviembre de 2016

Dictadores con los bolsillos rotos

MIAMI.- El 2015 presenta la evidencia de que los gobiernos dictatoriales de América Latina tienen crecientes dificultades económicas, que en diferentes grados muestran el previsto fracaso del socialismo del siglo XXI, prueban su inviabilidad y avizoran su final. Los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua no tienen recursos para sostener la prebenda populista y el desarrollismo demagógico que los caracterizó, porque las economías nacionales están técnicamente quebradas. Aunque en lo personal se hicieron millonarios en el poder, políticamente son dictadores con los bolsillos rotos.
La dictadura cubana está apurada en llegar a la “normalización” de relaciones con los Estados Unidos, buscando reemplazo para los ingresos que le daba el soporte económico de Venezuela, que había reemplazado con creces al de la Unión Soviética. Si existe economía en quiebra es la del Estado castrista, que ha puesto al pueblo cubano en la situación de miseria que todo el mundo ya reconoce. Lo que Raúl Castro ha presentado ante la asamblea de su partido comunista como un triunfo, podría ser en verdad el anuncio de rendición de la dictadura a la realidad de la libertad de mercado.
Venezuela, a la que Chávez y Maduro condujeron exitosamente a la inflación, desabastecimiento, déficit, altísima corruptela, deuda externa nunca vista, mas pobreza y mayor desigualdad, se debate hoy en una crisis económica que solo puede agravarse. Esta dictadura ha hipotecado por lo menos las dos próximas generaciones de venezolanos.
Rafael Correa en Ecuador lleva casi dos gestiones sin poder ejecutar el presupuesto por falta de ingresos, con un déficit imposible de disimular. La dolarización, que es garantía de estabilidad para cualquier régimen serio, se ha convertido en el chaleco de fuerza y en el eventual garrote para el dictador ecuatoriano. Entre otras cosas, el año pasado ya creó una moneda digital para apoderarse del ahorro interno.
Evo Morales tiene un modelo centralista que incorpora la economía de la coca ilegal. Aunque anunció un crecimiento del 5% para 2015, el gobierno admitió que un 1% proviene de la economía de la coca. Morales se ufana de tener reservas de 15.000 millones de dólares, pero informes independientes revelan que la deuda interna y la deuda externa superan la reserva, sin contar con la deuda china no registrada. El 2015 se ve como un año deficitario y un corralito bancario sería previsible en el corto plazo.
Nicaragua, con anuncios de crecimiento, es el único de los países de las dictaduras del socialismo del siglo XXI con tratado de libre comercio, que se beneficia de las inversiones norteamericanas como el de la cadena Walmart. Agotado el soporte que recibió de Venezuela durante los últimos años, Daniel Ortega está apostando a la construcción del canal interoceánico, entregado a la China con gran resistencia popular.
De todos estos gobiernos, los que pudieron emitieron bonos para generar liquidez, asumieron toda la deuda posible y finalmente acuden al “crédito chino”. Han agotado las condiciones normales en el sistema económico y sin máäs opciones entregan sus pueblos a créditos de apuro, que además por su falta de transparencia parecen garantizar una alta cuota de corrupción.
Sin altos precios de materias primas y del petróleo, las dictaduras del socialismo del siglo XXI -antes del sálvese quien pueda- ejecutan una estrategia de normalización, de liquidez urgente de China, campañas de mejoramiento de imagen, propaganda y acercamiento a los Estados Unidos. Uno de los actos importantes del nuevo libreto se verá en la Cumbre de las Américas. Pero en lo interno están listos y decididos para apretar más.
Ya no se muestran tan antiimperialistas, ni tan independientes, ni tan suficientes, ni tan solventes, ni tan “exitistas”. Son regímenes que por su centralismo, estatismo, manipulación de la justicia, intervencionismo y falta de democracia, no tienen viabilidad económica. Aunque insisten en mantenerse indefinidamente en el poder, son ahora caudillos con miedo de rendirle cuentas en breve al soberano. Son dictadores con los bolsillos rotos.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

2015: recuperar la democracia

MIAMI.- Si se pudo en la década de los setenta frente a las dictaduras militares, el desafío es poder ahora frente a las dictaduras del Socialismo del siglo XXI.

MIAMI.- Al llegar el año nuevo cada persona hace propósitos, fija objetivos o metas para alcanzarlas o cumplirlas en el año que comienza. Dependiendo el país y la cultura, se acostumbra establecer múltiples propósitos. Siguiendo esta tradición, en América Latina debemos expresar un deseo u objetivo común y colectivo para Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua: “recuperar la democracia”.
Winston Churchill señaló que “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”. Es que la democracia es la única forma de gobierno que garantiza el respeto a la naturaleza misma del ser humano y a sus libertades fundamentales. En democracia el límite del derecho propio es solamente el derecho de los demás. En democracia nadie -por poderoso o rico que sea- puede estar o ponerse por encima de la ley. En democracia la justicia, la libertad de prensa, la igualdad, la propiedad privada, la libertad de expresión, la posibilidad de disentir… son derechos y bienes colectivos que se protegen y se defienden, porque son la base misma del sistema.
Como es de conocimiento general, lamentablemente para el mundo, para el hemisferio y sobre todo para sus ciudadanos, en las Américas existen por lo menos cinco países en los que desde hace varios años ya no hay democracia. Son estados americanos donde sus Gobiernos caudillistas se ha instalado en el poder indefinidamente, destrozando toda la institucionalidad democrática, reemplazándola por constituciones hechas a su medida para tener el control absoluto del poder.
Con pequeños matices locales, la dictadura castrista con el dinero del pueblo de Venezuela malversado por el chavismo, ha exportado su modelo totalitario, lo ha mejorado revistiéndolo de populismo electoral, y lo ha establecido en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que pasaron a ser sus Gobiernos satélites. Fracasaron en Honduras, Perú y otros países donde habiendo conseguido incluso que sus candidatos ganen elecciones, no pudieron suplantar la institucionalidad democrática para reemplazarla por el “constitucionalismo dictatorial” que legaliza la permanencia indefinida en el poder total.
En el plano internacional este proceso ha sido acompañado -hasta ahora- por la prudencia, condescendencia, el silencio y/o la complicidad de las democracias del mundo. En las Américas los estados con democracias parecen no haber percibido la amenaza que representa para su propia estabilidad institucional, la existencia de las dictaduras del Socialismo del siglo XXI que están en permanente actitud de expansión. Recientemente hemos visto aflorar con fuerza el brazo español de esta corriente.
La influencia internacional de los postulados castristas han llegado al punto de embargar las voces de las democracias de las Américas que en lugar de ser rigurosas con el respeto y cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, han coadyuvado al debilitamiento y la desinstitucionalización de la Organización de Estados Americanos, permitiendo inaceptables presiones y acciones contra la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se ha vivido hasta ahora un tiempo en que se relegan, ignoran y cuestionan los principios y valores en los que se funda la democracia, sólo para pretender legitimar los Gobiernos no democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Se permite por ejemplo la violación de la libertad de prensa y su reemplazo por la propaganda bien financiada por los regímenes dictatoriales. Se conoce pero se silencia el extraordinario y creciente número de víctimas, perseguidos, presos y exiliados por causas políticas, que estos Gobiernos han producido. Se tolera la utilización de los jueces como instrumento de represión, etc. etc.
Reconocer la realidad objetiva y aceptarla, llamar a los gobiernos no democráticos por su nombre, retornar los principios y valores que son el fundamento de la libertad y la democracia, cumplir y hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana, respetar el objeto de los organismos internacionales creados para la preservación de la paz y la seguridad, denunciar las violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, perderle el miedo a la penetración castrista, denunciar la persecución, las masacres, el exilio, en suma, reconocer que -con todos sus defectos y dificultades- la democracia es el único sistema que garantiza al ser humano, es el propósito para el 2015: recuperar la democracia para Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Si se pudo en la década de los setenta frente a las dictaduras militares, el desafío es poder ahora frente a las dictaduras del Socialismo del siglo XXI.

domingo, 20 de noviembre de 2016

¿Y las víctimas del castrismo?

Miami.- Anunciada la normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, se abre un conjunto muy amplio de cuestiones relativas a que la dictadura se encamine al cumplimiento de los principios de libertad y democracia, sin cuyo logro en el corto plazo, la nueva política podría quedar reducida sólo a una exitosa maniobra castrista. Entre tales cuestiones, una de las mas importantes y poco mencionada es la relativa a las víctimas de la dictadura castrista.
Los estados de las Américas reconocen la “democracia” como “indispensable para la paz y el desarrollo de la región”. Está concebida, descrita, enunciada y aceptada como fundamento y obligación internacional en la “Carta Democrática Interamericana” (CDI), firmada por todos los estados americanos, menos Cuba.
El artículo 7 de la CDI manda que “la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente…”. El artículo 10 de la CDI establece que “la promoción y fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas…”. El artículo 11 proclama que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
Los principios se aglutinan en los “elementos esenciales de la democracia”, resumidos en el articulo 3 de la CDI: el “respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, al que se agregan “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho”, la “celebración de elecciones libres”, un “régimen plural de partidos y organizaciones políticas” y “la separación e independencia de los poderes públicos”.
Esto permite afirmar que sobre la “democracia” no hay nada que inventar, conceptualizar, ni negociar en las Américas. Lo que si hay son principios muy claros, de vigencia universal, que los gobiernos de todos los estados americanos tienen la obligación de cumplir. La normalidad es la democracia.
La dictadura cubana ha ignorado, violado y desconocido estos principios en los últimos 55 años. De la mano del dinero venezolano aportado por Hugo Chávez, el castrismo ha expandido su influencia y su modelo en los últimos 15 años, al punto de dar fin con los sistemas democráticos en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, cuyos gobiernos, prácticamente de duración indefinida como su modelo, conforman hoy el grupo de “las dictaduras del socialismo del siglo XXI” en las Américas.
Por su misma naturaleza, la dictadura cubana ha producido millones de víctimas en su territorio y en los países en los que interviene. La dictadura castrista ha generado diversas clases de víctimas: muertos entre fusilados y asesinados; exiliados; perseguidos; presos políticos y de conciencia; huérfanos, viudas; víctimas de sus incursiones guerrilleras y de las guerrillas que organiza, alienta y aún sostiene; masacres y atentados; asesinatos de reputaciones; violencia contra la liberad de prensa; utilización de sus sistemas de justicia como medio de persecución y represión política; víctimas y más víctimas de una exitosa y eficiente dictadura que no ha dejado libertad sin vulnerar ni derecho fundamental sin violar.
Entre las víctimas vivas hay muchas han desarrollado sus potencialidades en la libertad que les ha brindado el exilio. Son personas muy exitosas en diversos ámbitos pero no en su patria; han ganado espacios de poder económico y político; asumiendo la nacionalidad del Estado que los ha acogido, forman incluso parte del liderazgo nacional, pero siguen siendo víctimas.
Normalizar es “regularizar o poner en orden algo que no lo estaba”, significa “hacer que algo se estabilice en la normalidad”. Se trata de un propósito al que nadie podría oponerse si produce un resultado para que Cuba vuelva a ser normal. En el fondo debería tratarse de un proceso que de inmediato evite que la dictadura produzca más víctimas y para devolver su libertad, sus derechos y su patria a las víctimas que han sobrevivido. No parece posible una normalización en sentido estricto, sin las víctimas en el centro del tablero.

viernes, 18 de noviembre de 2016

La dictadura boliviana purga a sus magistrados

MIAMI.- Los gobiernos del socialismo del siglo XXI en las Américas controlan todos los poderes públicos violando la división e independencia, que es elemento esencial de la democracia. Así convierten al poder judicial en mecanismo de represión y opresión. Cuando los jueces no responden a las instrucciones del Gobierno, son perseguidos violentamente. Es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional en Bolivia, Gualberto Cusi, Soraida Chávez y Ligia Velásquez, jueces del régimen de Evo Morales, ahora perseguidos, suspendidos y listos para ser condenados por el aparato del dictador boliviano.
Gualberto Cusi Mamani es un abogado boliviano de origen Aymará nacido en Jesús de Machaca, provincia Ingavi, del Departamento de La Paz. Es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el que Evo Morales reemplazó el Tribunal Constitucional de la República de Bolivia. Debe su nombramiento a Morales, pero cometió el “crimen” de declarar en septiembre de 2013 que “el fallo del Tribunal para la reelección de Evo Morales es inconstitucional, no debió disponerse la elección por tercera vez del presidente y vicepresidente”. El magistrado oficialista afirmó que el Tribunal “dio una señal de una manipulación e injerencia política”
Evo Morales y su vicepresidente se favorecieron y usaron el fallo de “su Tribunal Constitucional” que no tomaba en cuenta el primer mandato de Morales, con el argumento que era anterior a la Constitución vigente y el nuevo “Estado plurinacional”. De esa manera, Morales y García pudieron ser candidatos para re-reelegirse. Sin embargo, contra el magistrado Cusi las presiones fueron en aumento; Evo Morales y su régimen ordenaron su liquidación.
Cuando la Sala Segunda del (TCP), conformada por Gualberto Cusi y Soraida Chávez y Ligia Velásquez, admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado y produjeron su paralización, “la institucionalidad dictatorial” encontró motivo, actuó e inició juicio de responsabilidades contra los tres magistrados. En el Senado, bajo total control oficialista, los acusaron, suspendieron de sus funciones, de sus derechos, ordenaron su aprehensión y tienen lista su condena. Una “purga” dictatorial para mantener la obediencia y obsecuencia de los jueces.
Purga es la “expulsión o eliminación de funcionarios o miembros de una organización, que se decreta por motivos políticos y que puede ir seguida de sanciones mas graves”. Esto es exactamente lo que Evo Morales y su vicepresidente están haciendo, eliminando a Gualberto Cusi y a los miembros de su sala por rebeldes, desobedientes y porque en lugar de acatar fiel y absolutamente sus órdenes, emitieron opiniones fundadas en la ley. Al parecer estos magistrados de la dictadura no entendieron que debían ser “absolutamente sometidos”. La dictadura está dando además un buen ejemplo para el resto de jueces de su sistema.
El asunto, sobre todo en el caso de Cusi, es que se trata realmente de un ciudadano boliviano de origen indígena, comprometido con el proyecto de Morales, creyó lo del cambio pero no sabía que era para peor. Cusi está enfermo y con la suspensión, destitución y condena no tendrá seguro médico: lo “están condenando a muerte”, como el mismo ha reclamado.
Este es un caso más de persecución política y de violación de los derechos humanos por Evo Morales y su régimen, como sucede en cientos de casos en la misma Bolivia, Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. El abuso y descaro llega al extremo que el vicepresidente del régimen boliviano ofreció esta semana que “si los magistrados renuncian, se acabaría el juicio de responsabilidades”, porque ha puesto en marcha el proyecto de ley 044 de “juzgamiento de altas autoridades del Estado”, que establece esta concesión (ofrece salida con una ley que ni siquiera esta aprobada, confesando la maniobra).
Cuando se acusa desde el poder y no existe debido “proceso legal”, no se respeta la “presunción de inocencia”, en lugar de acusar con pruebas se sentencia previamente con “consigna política”, no existe “juez imparcial”, no se juzga con “leyes anteriores al hecho de la causa” y se violan todas la reglas básicas de la justicia, estamos frente a la “judicialización de la persecución política”. Pero cuando, además, todo eso lo hace el Gobierno contra su propios jueces, que trataron de aplicar sus leyes, estamos ante una “purga”, que en el caso del magistrado Cusi representaría una “condena a muerte”… algo propio de las dictaduras, mientras las democracias del mundo no lo saben.
Director del Interamerican Institute for Demcoracy

jueves, 17 de noviembre de 2016

“No podemos tener miedo”

MIAMI.- Está demostrado que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no respeta los derechos humanos ni las libertades fundamentales.

MIAMI.- María Corina Machado, víctima de persecución política y de la violación de sus derechos fundamentales, luego de ser imputada por el sistema represivo de la dictadura venezolana y acusada del delito de conspiración que inicia el camino de una farsa para imponerle una pena privativa de libertad de 8 a 16 años, ha dado un mensaje al mundo: “NO PODEMOS TENER MIEDO”
Está demostrado que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela no respeta los derechos humanos ni las libertades fundamentales, que no accedió al poder ni lo ejerce de acuerdo con el Estado de derecho, que no existe separación ni independencia de los poderes públicos; que se trata solamente de un Gobierno dictatorial impuesto por sucesión al fallecimiento de Hugo Chávez, mediante un colosal fraude legal y electoral, manipulado por la dictadura cubana.
Se ha constatado también que en el régimen venezolano, igual que en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, no hay lugar para la pluralidad de partidos y organizaciones políticas y menos para la oposición. En todos estos países se ha impuesto la metodología castrista de supresión o eliminación del adversario. Son estados que como Cuba, tienen exiliados, presos políticos, perseguidos políticos, control de prensa…
En esta “institucionalidad dictatorial”, los gobiernos del socialismo del siglo XXI usan a los fiscales y jueces -designados y sometidos a su conveniencia- como el mecanismo de represión al que revisten del sarcástico rótulo de “sistema de justicia”, que es una copia del aparato castrista que sirve para eliminar a los opositores, extorsionar a nacionales y extranjeros, pero sobre todo para mantener al dictador en el poder en base al miedo.
Existen miles de casos en los que la institucionalidad dictatorial, por medio de sus fiscales y jueces en Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en las dictaduras del siglo XXI de América Latina, han aplicado sus irritas leyes con base en hechos falsamente imputados, para condenar inocentes, perseguirlos, encarcelarlos y “vacunar con el miedo” a la gente.
Algunos ejemplos: en Cuba, desde el juicio contra el comandante Huber Matos, contra Amando Valladares, miles de condenados muertos en prisiones inhumanas, hasta el caso de Alan Gross que ya lleva 5 años preso de la “justicia dictatorial”; en Ecuador, el caso del diario El Universo, el juicio contra el asambleísta Klever Jiménez y el periodista Villavicencio y más; en Bolivia los juicios contra el Alto Mando Militar de 2003, cuyos miembros son hoy presos políticos, el de la “masacre del Hotel Las Américas” perpetrada por el Gobierno, que abrió el caso “terrorismo” encarcelando y extorsionando decenas de dirigentes, el sostenido contra el gobernador de Pando Leopoldo Fernández luego de la “masacre del Porvenir”, los de los ex presidentes, y más.
La “justicia dictatorial” sirve para anular al adversario, para someterlo y reeducarlo haciendo que acepte el sistema, para acusar a la víctimas (a quienes enjuician y condenan) por los crímenes que comete el dictador o miembros del régimen, para apropiarse de sus bienes (mejor si son medios de comunicación), pero fundamentalmente esta destinada a imponer “miedo”. La gente debe saber lo que le pasa a quien se enfrenta al dictador, un juicio sin “debido proceso”, sin “presunción de inocencia”, sin “igualdad de las partes”, sin “juez imparcial” y con la prisión y el asesinato de la reputación asegurados.
El miedo es “la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario”, supone percepción de peligro, es muy desagradable e influye seriamente en la conducta humana. El miedo es parte de las percepciones de todo ser humano. Las dictaduras construyen la imposición de su autoridad explotando esta condición, en cambio la democracia como sistema de “garantías” se funda en la confianza, la seguridad, la libertad, el Estado de derecho.
Cuando María Corina Machado con irrefutables argumentos dice “NO PODEMOS TENER MIEDO”, además de una muestra de coraje, valor y valentía, está expresando un pedido, incluso un reclamo a los líderes de la región y del mundo. Es un mensaje a los poderosos, a los gobernantes, congresos, organizaciones e instituciones democráticas, para que dejen de tolerar (tal vez de tener miedo) a las dictaduras del siglo XXI de las Américas.

Carlos Sánchez Berzaín, Director del Interamerican Institute for Democracy

miércoles, 16 de noviembre de 2016

El exilio de los principios

MIAMI.- Frente a la evidente campaña política y publicitaria de la dictadura cubana para ser plenamente aceptada -sin condiciones- por la comunidad internacional, la alternativa que parecen escoger algunos gobiernos democráticos es la de ignorar la naturaleza misma del régimen castrista, olvidar los fundamentos del orden mundial y optar por el “exilio de los principios”.
El exilio es la “expulsión de una persona fuera de su patria por motivos políticos”. Consiste básicamente en el hecho de que un individuo no puede continuar viviendo donde debiera o donde quisiera porque un poder arbitrario le impone o fuerza a salir para poder proteger su libertad y/o su vida. El exilio es una situación de violación de la libertad y los derechos humanos producida por el abuso de autoridad y la falta de garantías. Demuestra la ausencia de “Estado de derecho” y de democracia. Es una de las características de las dictaduras.
En América Latina, la dictadura castrista ha sido la principal fuente durante los últimos 55 años del exilio de millones de cubanos. Las dictaduras militares de los años sesenta y setenta produjeron exilios que terminaron con la recuperación de la democracia en los respectivos países. Los conflictos y guerrillas en Centro América forzaron en su tiempo esta penuria. Hoy, los exiliados de la dictadura de Venezuela pueden contarse por miles, los de Bolivia, por cientos, y de Ecuador, por decenas, sin contar los presos políticos.
En el siglo XXI, más allá de la inaceptable existencia de exilio, el fenómeno que ahora se presenta es que frente a la influencia, la acción política, el dinero y la propaganda de las dictaduras, los gobiernos democráticos de la región y de la comunidad internacional, parecen encaminarse a exiliar también los principios en los que se funda el orden y la coexistencia internacionales: el respeto a la vida, la libertad, los derechos fundamentales de la persona, la justicia, la paz, la democracia …
Uno de los principales efectos que produce el exilio y que favorece a las dictaduras es la separación del ámbito social y político del exiliado. Literalmente se le saca del medio y se le somete a la marginalidad, se busca excluirlo del proceso social y político. Otra consecuencia es la duda, la sospecha, el ataque en busca del “asesinato de la reputación”, buscando terminar con la credibilidad de la víctima.
Para favorecer la presencia de la dictadura cubana en el concierto internacional, se está asumiendo la posición de exiliar los principios, con los mismos efectos del exilio de los perseguidos políticos. Excluir de la agenda de las relaciones internacionales las normas o ideas fundamentales que deben regir la conducta y el comportamiento de los estados y de los gobiernos, para priorizar asuntos económicos o de “interés recíproco”, es la tendencia que reviste de “pragmatismo” conveniencias de coyuntura.
Resulta que por este exilio de los principios, en lugar de exigir a las dictaduras el respeto de las “características esenciales del sistema internacional”, se acepta muy fácilmente –entre otras cosas- que el tema de los asesinatos políticos (la vida) no esté en agenda, que el asunto de los presos políticos (libertad) no se discuta, que las violaciones a la libertad de prensa (derecho fundamental) ni se mencionen, que se ignore a la oposición (justicia), y que no se recuerde la vigencia del Estado de derecho (democracia).
El aceptar, reconocer, tolerar o simplemente evitar la realidad objetiva respecto a la dictadura cubana y las otras de la región, para aprovechar intereses de coyuntura, en detrimento de lo esencial, es ser actores del “exilio de los principios” y por lo tanto participar de las dictaduras. La denominada política de apertura del Gobierno español y otros da esta impresión, mientras el castrismo avanza en penetrar y liquidar el sistema democrático y de Estado de sus interlocutores.
Si el sistema internacional y los gobiernos democráticos no respetan y hacen respetar los principios en los que se fundan, deben entender que están poniendo en riesgo su propia existencia y su legitimidad. En el pasado, algunos gobiernos ya actuaron así y terminaron convirtiéndose en víctimas de sus amigos de oportunidad.

martes, 15 de noviembre de 2016

El exilio de los principios

lunes, 14 de noviembre de 2016

Reelección indefinida es dictadura

MIAMI.- Con el control del poder ejecutivo, de la Asamblea Nacional, del poder judicial y de la Corte Constitucional de Ecuador, sin libertad de prensa, sometiendo la opinión pública, o sea ejerciendo la dictadura descrita y demostrada por el expresidente Hurtado, ahora Correa está institucionalizando el mecanismo final de la dictadura: la perpetuidad en el poder

MIAMI.- La Asamblea Nacional de Ecuador pondrá en vigencia por vía de enmienda constitucional la reelección indefinida del presidente de ese país. Se trata de un proceso impulsado y digitado por su beneficiario Rafael Correa, quien luego de negar reiteradamente esta posibilidad e incluso calificarla de “absurda”, la implementa usando el control total del poder. Instituir la reelección indefinida quita toda duda sobre la naturaleza del gobernante ecuatoriano y su propósito. Se trata de la señal definitiva de la dictadura del socialismo del siglo XXI en Ecuador.
La calificación de “dictadura del siglo XXI” que el año 2012 le dio el académico y expresidente de Ecuador, Dr. Osvaldo Hurtado, al régimen presidido por Rafael Correa, se funda en el estudio de la realidad ecuatoriana en torno al imperio de la ley, la división del poder, la independencia de la justicia, las libertades y garantías, la transparencia, el pluralismo político, la alternancia en el Gobierno y las elecciones libres. Lo que el Dr. Hurtado demostró es que ninguno de los principios en que se sustenta la democracia existen en el Gobierno de Correa, quien controla la totalidad del poder.
Para evitar la consulta popular sobre la reelección indefinida, el régimen ecuatoriano utilizó el poder que controla. El instrumento fue la Corte Constitucional, tribunal que autorizó -en el feriado de difuntos- a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, “enmendar” la Constitución ecuatoriana para agregarle por esta vía la reelección indefinida. Se otorgaron facultades constituyentes al legislativo ordinario y se garantizó la aprobación de la reelección indefinida en manos de los asambleístas del Gobierno.
Con el control del poder ejecutivo, de la Asamblea Nacional, del poder judicial y de la Corte Constitucional de Ecuador, sin libertad de prensa, sometiendo la opinión pública, o sea ejerciendo la dictadura descrita y demostrada por el expresidente Hurtado, ahora Correa está institucionalizando el mecanismo final de la dictadura: la perpetuidad en el poder.
Se trata de una medida para perfeccionar la “falsa legalidad” con la que se han estado disfrazando de democracia los regímenes que no cumplen con ninguno de los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. Es la aplicación en Ecuador de un proyecto transnacional no democrático, que hoy goza aún de la tolerancia y/o indiferencia de las democracias de la región y del mundo.
Rafael Correa negó siempre la intención de introducir la reelección indefinida. Así lo hizo Hugo Chávez en Venezuela para luego perpetuarse en el poder hasta su muerte. Así procedía hasta su tercera e ilegal elección Evo Morales en Bolivia, quien muy pronto la introducirá y la hará aprobar, seguramente con una maniobra similar a la que ahora sufre Ecuador. Lo mismo ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Todos los jefes de los gobiernos del socialismo del siglo XXI están asegurando el poder a perpetuidad.
Se ha denunciado reiteradamente que se trataría de un diseño de suplantación constitucional introducido por Hugo Chávez en su alianza con la dictadura cubana, contratando algunos profesores de la Universidad de Valencia, que han instituido doctorados de Derecho Constitucional en universidades de Cuba, que han “inspirado” las constituciones del socialismo del siglo XXI para Venezuela, Bolivia, Ecuador y reformas en Nicaragua, buscando legitimar las dictaduras.
Desde la independencia de Ecuador su constitucionalismo ha sido no reeleccionista. No autorizaba la reelección del presidente sino pasado un período. Este principio ya fue modificado por el mismo régimen actual para autorizar la reelección inmediata por una sola vez en la Constitución de 2008 a favor de Correa. Además acompañaron la introducción de la reelección con una disposición transitoria, por la que la primera reelección de Correa (2009) no debía tomarse en cuenta. Esto muestra la característica de “proceso” que tiene la institucionalización de la dictadura.
La “reelección indefinida es dictadura” y lo sabe el mismo beneficiario que ha descrito la naturaleza de su régimen y la inexistencia de democracia en Ecuador. La prensa registra la declaración de Rafael Correa de noviembre de 2007 en la que afirmó: “es un absurdo la reelección indefinida, pues la democracia implica alternancia”.

domingo, 13 de noviembre de 2016

¿Internacionalismo o esclavitud castrista?

MIAMI.- Cuba define como “cooperantes o internacionalistas” a sus ciudadanos enviados a trabajar en el exterior. Esta modalidad se revela como “un negocio que el Gobierno cubano maneja” como un “trabajo forzoso”, de “trata de seres humanos” y de “esclavitud”

MIAMI.- Cuba define como “cooperantes o internacionalistas” a sus ciudadanos enviados a trabajar en el exterior. En el área de la medicina operan por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) a través de su dependencia la Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S.A. que dice tener mas de 50.000 cooperantes en Latinoamérica, África y Oceanía, aunque la cifra parece ser mucho mayor. Esta modalidad se revela como “un negocio que el Gobierno cubano maneja” como un “trabajo forzoso”, de “trata de seres humanos” y de “esclavitud”.
Esta semana, fiscales federales del Brasil pidieron a la presidenta Dilma Rousseff que pague directamente los salarios a los médicos cubanos del programa “Más Médicos” (firmado con intervención de la Organización Panamericana de la Salud, OPS), al constatar que “el Gobierno de Cuba sólo paga un salario de 1.000 dólares mensuales, lo que constituye la cuarta parte del pago que el Gobierno del Brasil realiza a Cuba por cada médico”. La fiscal Luciana Oliveira indicó que “el contrato de la OPS tiene graves vicios y viola los principios de legalidad, publicidad y transparencia”.
La llamada cooperación médica cubana es parte de la propaganda castrista. La directora general de la Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S.A., Yilián Jiménez Expósito, declaró en Gramma (órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba), que “el secreto es el resultado de un médico formado en un sistema socialista donde nunca se ve al paciente como una mercancía o un cliente”. La prensa brasilera informó que sólo en el segundo semestre de 2013, Brasil pagó a Cuba 200 millones de dólares por sueldos de los “médicos cooperantes”. Así resulta que la mercancía no es el paciente sino el médico cubano, el propietario es la dictadura castrista, y clientes son los países que auspician la esclavitud en pleno siglo XXI.
En Venezuela, el embajador de Cuba, Rogelio Polanco, reveló en el año 2012 que “31.315 profesionales cubanos trabajaban en la Misión Barrio Adentro”. Ramón G. Aveledo, como secretario de la Mesa de Unidad Democrática, denunció que “cada médico cubano cuesta a Venezuela 135.800 dólares anuales, de los cuales solo 230 dólares mensuales son para el médico y el saldo para el Gobierno cubano”. El diario El Nuevo Herald informó que “cerca de 3.000 profesionales cubanos, la mayoría de ellos médicos, desertaron de los programas sociales de Venezuela en el 2013”.
En Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, países del ALBA, donde hay miles de médicos cubanos “ganando” más que los nacionales, los gobiernos guardan como “secreto de Estado” los montos que pagan a Cuba por medio de su “sociedad anónima”, la Comercializadora Servicios Médicos Cubanos SA”, y de otras entidades de la dictadura.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es “promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social…” El Convenio 105 sobre La abolición del trabajo forzoso, del que Cuba, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre 167 estados, son parte, manda que “todo miembro de la OIT se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso (...) como medio de coerción o de educación políticas (...), como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico..”
Hoy “esclavo” es “una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra”. La esclavitud es la “sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación”. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 4 manda que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. El Artículo 23 garantiza el derecho al salario, a la remuneración equitativa y a la sindicalización.
El trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la esclavitud con que lucra la dictadura cubana, son violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad que no pueden ser pagados por gobiernos democráticos como el de Brasil. Mas allá de su capacidad profesional (frecuentemente cuestionada), los médicos cubanos convertidos en mercancía son víctimas de “trabajo forzoso”, de “trata de seres humanos” y de “esclavitud”. El pago por su trabajo no es para ellos, no son libres, están extorsionados, sometidos, tienen a sus familias como rehenes, cuando pueden escapan... ¿Hace falta alguna prueba más?
Las democracias del mundo y el sistema de las Naciones Unidas saben esto y més. ¿Qué esperan para cumplir la obligación legal y moral de respetar sus propios principios y tratados?

sábado, 12 de noviembre de 2016

Venezuela: del Estado de derecho al "Estado criminal"

8 de octubre de 2014 - 11:10 - Por Carlos Sánchez Berzaín

MIAMI.- La prensa internacional ha informado en los últimos días sobre los “colectivos en Venezuela”, llamando la atención sobre este mecanismo que existe hace muchos años. Estos grupos han sido acusados por líderes de oposición de ejecutar los actos de violencia y muerte en el régimen de Hugo Chávez y Maduro

MIAMI.- Los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI han impulsado, alientan y sostienen la existencia de grupos y organizaciones violentas que, bajo diferentes denominaciones, se encargan de ejercer violencia criminal contra los defensores de la democracia, los opositores, los ciudadanos y quienes puedan representar amenaza a la perpetuación indefinida del régimen. Es el caso de los denominados “colectivos” en Venezuela, que forman parte del aparato político de la dictadura y que pone en evidencia la inexistencia del Estado de derecho y su reemplazo por el “Estado criminal”.
En ningún país con democracia se podría siquiera imaginar la existencia de grupos armados dedicados a la violencia organizada, promovidos por el Gobierno. Estos son instrumentos característicos de las dictaduras. Cuando aparecen o forman parte de alguna organización política, sus actuaciones al margen de la ley ponen de inmediato a sus miembros en el escenario de lo criminal y al margen de la política. Pero cuando es caudillo y es el Gobierno el que organiza y sostiene este tipo de organizaciones, ya no existe ninguna posibilidad de respeto a los derechos humanos del ciudadano.
La prensa internacional ha informado en los últimos días sobre los “colectivos en Venezuela”, llamando la atención sobre este mecanismo que existe hace muchos años. Estos grupos han sido acusados por líderes de oposición de ejecutar los actos de violencia y muerte en el régimen de Hugo Chávez y Maduro. Son parte del aparato del Socialismo del Siglo XXI, son “oficiales” y fueron creados por Chávez para ser “el brazo armado de la revolución bolivariana”. Ejercen intimidación, violencia, extorsión, asesinatos y toda clase de crímenes, pero tienen “impunidad”.
Son muchos y no recientes los casos de ejercicio criminal de los “colectivos de la dictadura venezolana”, desde sus acciones en los procesos electorales, los ataques a medios de comunicación como el caso de Globovisión, atentados en bandas motorizadas contra votantes en las zonas de influencia de los opositores, acciones de amedrentamiento y asesinatos contra protestas estudiantiles, golpizas y detenciones de estudiantes, hasta asesinatos sin esclarecer… Pero mas allá de la política, ejercen poder estatal dirimiendo controversias, ejerciendo como ley, aplicando la violencia entre y sobre los ciudadanos comunes a los que extorsionan y aterrorizan.
El Gobierno les dio armas, equipos de comunicación, motocicletas, instalaciones, edificios y recursos. Se ha probado que dependencias oficiales y policiales son hoy recintos ocupados por los “colectivos”. Es tan evidente el rol político y oficial de estos grupos que la ministra venezolana de Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha declarado que “los colectivos son un pilar para la defensa de la patria” y los estudiantes manifestantes “le tienen culillo a los colectivos” (como no les van a tener miedo si delinquen con aval del Gobierno).
Todo este cuadro característico de una dictadura se ha convertido en noticia después del asesinato del diputado Robert Serra, dirigente del partido oficialista PSUV con su base de poder vinculada a los “colectivos” y al llamado “Frente Francisco de Miranda”, formado por jóvenes adoctrinados por la dictadura cubana. El poder político de los “colectivos” -que utilizan los símbolos y colores del partido de Gobierno- hizo que lograran la salida del ministro del Interior, Miguel Rodríguez, y ahora exigen la renuncia de Diosdado Cabello del cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional.
Todo esto podría ser parte de la anarquía de un régimen en descomposición; podrían ser ajustes de cuentas entre antiguos compañeros; podría tratarse también de un proceso de purga interna digitado por Maduro con los efectivos mecanismos castristas que vienen salvando a la dictadura venezolana con operadores cubanos; o tal vez se trate del ajuste de cuentas en la estructura política usando los medios propios de la dictadura...
Lo que está claro es que estamos frente a las notas característicos de las dictaduras que tienen el control total de sus países por medio del fraude, el amedrentamiento, la persecución, el exilio, los asesinatos y mecanismos violatorios de los derechos humanos y las libertades individuales. Son las diferencias entre la vigencia de la ley y la imposición del poder, entre democracia y dictadura, entre el Estado de derecho y el “Estado criminal”.

miércoles, 9 de noviembre de 2016

¿Créditos o cuentos chinos?

MIAMI.- Lo que hasta hace aproximadamente 20 años era una disputa de legitimidad sobre el “estado chino” con Taiwán, como paradigma de la política exterior de la China Comunista en Latinoamérica, se transformó en la búsqueda de penetración y mayor influencia posible la región, desplazando y sustituyendo a los Estados Unidos y Europa

MIAMI.- Los créditos de China a Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua, el proyecto del canal interoceánico en Nicaragua, las visitas de los jefes de gobierno a la China pidiendo fondos, la celebración en China del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la promesa del gobierno de la China de invertir 250.000 millones de dólares en los próximos diez años en la región, muestran una alianza política entre la segunda potencia económica mundial y los países del socialismo del siglo XXI. Indicadores de los estados deudores, aspectos de transparencia y el contenido de los acuerdos (cuando se conocen), plantean la cuestión de si se trata de créditos o de cuentos chinos.
Para la Real Academia Española de la lengua un cuento chino es un “embuste”, esto es “una mentira disfrazada de artificios”. Cuento chino es también “una mentira disimulada, ingeniosa, encajada dentro de una historia fantástica o de dudosa veracidad”. En un embuste, son baratijas, dijes y otras alhajas curiosas pero de poco valor. Podría tratarse de miles de millones de dólares que parecen ayuda pero que disfrazan otras cosas que podrían ser perjudiciales para el futuro de los latinoamericanos.
No hay duda que la China está interesada en gravitar cada vez mas en Latinoamérica, que es una de sus importantes fuentes de provisión de materias primas y un gran mercado. Lo que hasta hace aproximadamente 20 años era una disputa de legitimidad sobre el “estado chino” con Taiwán, como paradigma de la política exterior de la China Comunista en Latinoamérica, se transformó en la búsqueda de penetración y mayor influencia posible la región, desplazando y sustituyendo a los Estados Unidos y Europa.
El desarrollo del socialismo del siglo XXI por Castro y Chávez en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, su influencia en Argentina, en los estados del Petrocaribe, la creación de organismos políticos propios como la CELAC, su discurso antiimperialista, su política de estatismo, centralismo, permanencia indefinida en el poder (en un extraordinario momento económico para la región) han sido propicios para la política exterior china. La destrucción de los fundamentos de la democracia hasta constituir las dictaduras del socialismo del siglo XXI en muchos de estos estados, ha presentado a la China como un modelo no democrático (capitalista/comunista!?) de crecimiento económico y control indefinido del poder.
La realidad muestra las coincidencias entre China y los gobiernos del socialismo del siglo XXI en cuanto al irrespeto de los elementos de la democracia, como los derechos humanos y las libertades individuales, la libertad de expresión y de prensa, el control de la opinión pública, la división e independencia de los poderes públicos, el uso del sistema de justicia para la represión y persecución política, la existencia de presos y exiliados políticos. La democracia no es un tema que los divida ni los preocupe, simplemente no está en agenda. Esto genera una sospecha cada vez mas fuerte de falta de transparencia, de corrupción por falta elemental de rendición de cuentas.
Cuando el proyecto socialista empezó a dar sus frutos de fracaso y crisis económica, los caudillos fueron a la China en busca de soporte económico como Hugo Chávez hace ya mas de 5 años, comprometiendo a Venezuela con cerca 50.000 millones de dólares, con condiciones que aún no se conocen. Ahora se dice que Maduro ha logrado 20.000 millones de dólares mas, que Correa ha conseguido 5.000 millones de dólares mas. En ninguno de estos casos se sabe con que intereses, garantías, contraprestaciones, o para cuando.
Si se sabe del crédito de China a la Argentina, porque la presidenta Kirchner, su canciller Timerman y otros funcionarios acaban de ser “denunciados penalmente” por crímenes de administración pública y traición a la Patria por la firma del convenio de cooperación económica e inversión firmado entre China y Argentina por 11.000 millones de dólares que “otorga extraordinarias ventajas a la China” ante el apuro argentino de obtener financiamiento. El principal argumento de la acusación se funda en la Convención Interamericana contra la corrupción cuyo art 5 establecen sistema de licitación publica obligatoria, reemplazado en el convenio con la China por un sistema de contratación directa.
El acuerdo Chino-Argentino que se conoce, deja a la Argentina comprometida por 30 años, ya ha tenido principio de ejecución por un anticipo chino de 3.000 millones de dólares en yuanes, y señala Londres como tribunales competentes para la solución de disputas. Que pasará cuando se conozca el contenido completo de los convenios chinos con Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua? Serán créditos o cuentos chinos?
*Abogado y Politólogo, Director del Interamerican Institute for Democracy

2014 fue exitoso para la “justicia dictatorial”

MIAMI.- Las dictaduras del socialismo del siglo XXI lideradas por Cuba e instituidas con disfraz de democracias en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua han librado exitosamente el año 2014. Se sostuvieron en el Gobierno ejerciendo el control total del poder, anularon a la oposición, mantuvieron sus altos niveles de corrupción e impunidad, sometieron a la prensa, difundieron su simulación de democracias, aumentaron la represión, evitaron que la comunidad internacional los reconociera como las dictaduras que son pero, sobre todo, manipularon la justicia en su beneficio.
Esos éxitos de los gobiernos de los Castro, Maduro, Correa, Morales y Ortega, son al mismo tiempo una derrota para los ciudadanos, para los pueblos y para la comunidad internacional desde el punto de vista de los principios y los valores, desde una visión de respeto a la vida, a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, la justicia, la igualdad, y de cumplimiento de los elementos esenciales de la democracia.
Todos estos gobiernos mantuvieron su característica fundamental: controlar todos los poderes, instituciones y organizaciones de sus países. La utilización del poder judicial que hicieron durante el 2014 fue especialmente exitosa, la manipularon abiertamente ejerciendo su propia legalidad, que no es lícita ni legítima. Las resoluciones de los jueces de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua durante este año son un legado histórico de manipulación dictatorial violando y conculcando la libertad y la justicia, que precisamente deberían proteger.
Las resoluciones de la justicia castrista contra opositores, cooperantes, empresarios, nacionales y extranjeros quedan instituidas como un importante instrumento de negociación de la dictadura: el caso Gross podría ser una buena muestra. En Venezuela, el dictador Maduro, sin la abierta subordinación y manipulación de sus jueces, simplemente no hubiera podido mantenerse en el poder: los casos contra Leopoldo López y María Corina Machado son dos muestras de la represión judicializada, mientras que con la otra mano la misma justicia protege y encubre los delitos del oficialismo. Miles de venezolanos están en la cárceles y en el exilio víctimas de la justicia dictatorial.
Con sus jueces, Correa, en Ecuador, sostuvo la persecución política que abarcó desde el caricaturista Bonill (obligado a pedir disculpas), los condenados y ahora clandestinos Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, el opositor extraditado y encadenado Galo Lara, innumerables casos y fallos contra periodistas, empresarios, dirigentes indígenas y ciudadanos, hasta la resolución de su tribunal constitucional para que obtenga la reelección presidencial indefinida solo con su actual mayoría en la Asamblea.
En Bolivia, el uso de su sistema de justicia permitió a Evo Morales y a su vicepresidente ser habilitados para una tercera elección prohibida por su propia Constitución, fallo con el que pudieron poner en marcha su bien lubricado proceso de fraude electoral. El magistrado Gualberto Cusi, miembro del Tribunal Constitucional que criticó públicamente ese fallo, ya está enjuiciado y suspendido junto con otros dos miembros. Muchos bolivianos siguen perseguidos por los jueces del dictador boliviano, que manejan los juicios contra expresidentes, exministros, exgobernadores y miembros de los altos mandos militares. Cientos están presos, exiliados y acosados por los procesos judiciales con los que Morales encubre sus propios crímenes.
En Nicaragua, Daniel Ortega manipuló su sistema para lograr la aprobación de la reelección indefinida como simple enmienda constitucional ejecutada por el poder legislativo bajo su control. Ahora sus jueces funcionan en el asunto del canal interoceánico, como mecanismo de prevención y represión. Los enjuiciamientos a los opositores con generosos arreglos posteriores ya están escritos en la historia nicaragüense.
Los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están colmados de denuncias de varios de estos casos. Ninguno de los procesos judiciales digitados por las dictaduras del socialismo del siglo XXI resiste una auditoría jurídica. El problema radica en que los gobiernos de las democracias del mundo reconozcan como legales los fallos y decisiones de los jueces de las dictaduras en las que no se respeta el principio del “debido proceso legal”.